Desde el martes de la semana pasada, en la Corte Suprema de Justicia todas las miradas apuntan a Balcarce 50 a la espera de la respuesta jurídica que ofrecerá el Gobierno a un fallo sobre retenciones que pone en duda la constitucionalidad de la legislación delegada por el Congreso.

Un expediente antiguo como el del caso Thales Spectrum (data de 1998) fue útil ayer para tomar distancia de las tensiones que, el pasado lunes, Jorge Capitanich exteriorizó a raíz del fallo resultante del reclamo de una firma pesquera. Enredo jurídico al cual el Gobierno le busca una solución inmediata por la cantidad de leyes sensibles que afecta.

El jefe de Gabinete sólo atinó a decir que requirió un dictamen exhaustivo sobre la resolución de la Corte.

Sin embargo, existen en la Corte por lo menos otros dos planteos de índole similar que deben seguirse de cerca, especialmente el que tiene que ver con la situación aduanera del Mercosur. La normativa de dicho ente supranacional estipula la libertad aduanera entre los cuatro países que lo conforman. Pero actualmente, y contrario a ese orden, el traslado de mercadería desde la Argentina hacia esos destinos implica el pago de un impuesto. Algo lógico cuando se calculan las pérdidas que esa normativa les significaría a las arcas públicas. Basta con imaginar a los productores de soja, cuyos ingresos son decisivos para las reservas del Banco Central, exportando desde Uruguay y tributando en ese país.

Algunas multinacionales ya se presentaron ante el Tribunal del Mercosur, pero a los pocos meses desistieron de sus reclamos. En esas ocasiones, el pragmatismo fue superado por las incesantes llamadas provenientes desde el Ministerio de Economía para convencer a los abogados de las compañías de suspender esos pleitos.

Aun así, el tema ya está en la Corte, lo cual sirve para entender cuando el año pasado, en pleno fragor de la contienda por la ley de medios, los justices reiteraban, una y otra vez, que en el cuarto piso de la calle Talcahuano existen causas mucho más álgidas para el oficialismo y su proyección económica.

Ayer, Carmen Argibay, una de las dos penalistas del máximo tribunal, no firmó en la causa Thales. La semana pasada mencionó en su despacho que no está en sus planes pedir un amparo (como en los casos de Carlos Fayt y Enrique Petracchi) para continuar en la Corte luego de que cumpla la mayoría de edad en el mes de junio.

En ese escenario, el tiempo de más que permanezca Argibay no es tan importante como los fallos que firme. Para tener en cuenta: últimamente, todas las resoluciones importantes de la Corte están lográndose con cuatro votos. De continuar la tendencia, las mayorías que integre la jueza ingresarán en zona de riesgo.

Ámbito Financiero