Felipe Solá, Javier De Urquiza, Carlos Cheppi, Julión Domínguez, Norberto Yauhar, Luis Basterra y Juan José Bahillo advirtieron que el gobierno vuelve a la carga para achicar el INTA. Siete exministros y secretarios de Estado de Agricultura denunciaron la nueva ofensiva del gobierno nacional para deguazar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y advirtieron que no se trata de una reorganización sino de un negociado, que incluye el remate de 40.000 hectáreas de campos.

A través de un comunicado, todos se pronunciaron en contra de los planes de ajuste en el instituto y pidieron a los representantes en el Consejo Directivo de la entidad que “tengan la templanza para sostener sus convicciones, respetar la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes en la legislatura y el rechazo judicial que prohibió este atropello”.

El INTA y sus propiedades quedaron en la mira del gobierno de Javier Milei casi al mismo tiempo de su asunción. En medio de conflictos y polémicas, el oficialismo avanzó con un fuerte ajuste pero en agosto pasado se encontró con un freno. El Congreso rechazó mayoritariamente el decreto 462 que buscaba reestructurar el organismo, transformándolo de ente autárquico a dependencia directa de la Secretaría de Agricultura. Casi en paralelo, la Justicia frenó el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores.

Los exministros de Agricultura denunciaron que, después del revés legislativo y judicial, el gobierno “carga con la misma receta” pero ahora “a través del Consejo Directivo que no pudieron disolver”.

“La verdadera razón por la que se está convocando al Consejo Directivo para tratar una supuesta reingeniería del instituto, no es su reorganización, sino la luz verde para rematar cerca de 40.000 hectáreas de campos de su pertenencia y crear un negociado inmobiliario”, señalaron.

Advirtieron, además, que “se están violando todos los mecanismos institucionales” que ya habían rechazado el proyecto de desguace. Denunciaron que el gobierno libertario “insiste con llevar adelante su negociado inmobiliario presionando al Consejo Directivo del INTA”.

Explicaron que la propuesta oficial tiene por objetivo dar un giro de 180 grados en la misión y la visión que el organismo mantiene desde su creación hace casi 70 años. “Pretenden que todo el potencial de la institución en investigación, innovación y transferencia esté al servicio de aquellos actores del sector que puedan cofinanciar proyectos, con el aporte de todos los argentinos, para atender sus demandas privadas. Un Inta para pocos pero financiado con el aporte por todos”, subrayaron.

De esta forma, “los cientos de miles de productores que necesitan políticas públicas para mejorar sus producciones, aplicar nuevas tecnologías y recibir capacitación para su uso se encontrarán con una drástica reducción de personal mediante retiros voluntarios; una pérdida de capital humano formado con el aporte de todos; el cierre de los programas de economías regionales, agricultura familiar, campesina e indígena; el cierre de estaciones experimentales y la venta de decenas de miles de hectáreas donde se llevan a cabo las investigaciones; la baja de decenas de proyectos de investigación que, hasta hoy, están a su disposición para mejorar su calidad de vida, sostener el arraigo y propender a un desarrollo federal que los incluya a todos”.

En esa línea, serán dados de baja “proyectos de especial interés para las generaciones futuras como las líneas de investigación en mitigación del cambio climático, deforestación y sus consecuencias, en cuidados de recursos naturales y otras tantas áreas que son estratégicas para el futuro de la Nación y de los argentinos”.

En definitiva, los ex ministros denunciaron que el gobierno quiere “trastocar para beneficio de unos pocos” una institución estratégica que está al servicio y el desarrollo del país. “No nos dejemos engañar, no se trata de una modernización, sino de un negociado inmobiliario de un bien público, que costó más de medio siglo construir”, advirtieron, al tiempo que exigieron que los representantes de las entidades y de la academia, que conforman el Consejo Directivo, “tengan la templanza para sostener sus convicciones, respetar la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes en la legislatura y el rechazo judicial que prohibió este atropello”.