La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, ratificó el sábado la posición del Pro de eliminar los derechos de exportación a la producción agropecuaria y agroindustrial, aunque con excepción de la soja, al recorrer la localidad bonaerense de Suipacha durante una exposición.

Acompañada del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró que “la agroindustria es el puente de crecimiento de la Argentina, que generará miles de puestos de trabajo”.

La propuesta del macrismo para construir un modelo de país basado en la producción rural con escaso valor agregado en las exportaciones surgió de un análisis conjunto con la Mesa de Enlace de las cuatro entidades, pero claramente liderada por la SRA.

La entidad que conduce hoy Luis Etchevehere no oculta su respaldo y simpatía al líder del Pro desde 2009 cuando Miguens se erigió en el principal constructor de la política agropecuaria de Mauricio Macri, para (por lo visto) pasar a destacarse su propuesta casi como la de un modelo económico nacional.

El proyecto del Pro consiste en la eliminación de todos los derechos de exportación a la producción primaria y una baja gradual de 5 puntos porcentuales anuales para la soja que actualmente paga retenciones del 35%. De ese modo en un lustro la oleaginosa también quedaría desgravada sin aranceles de exportación.

Los primeros beneficiarios de la medida serán los dueños de los campos que alquilan su propiedad ya que a nadie escapa que trasladarán automáticamente la mejora en el precio de los productos al valor de los arrendamientos.

Como el 70% de la producción (hay quien piensa que más) se realiza bajo el formato de arrendamiento el mejor precio, siguiendo la lógica del mercado, no tendrá el productor sino el propietario del campo al ajustar el valor de los alquileres. En esa sucesión de causa efecto habría que analizar cómo se desencadena la inversión privada que imagina el Pro para la creación de “miles” de puestos de trabajo.