La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas sumó su preocupación ante el eventual tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de ley que propone incorporar el delito de ecocidio al Código Penal. Se sumó así a las alertas que encendieron en los últimos días, por el mismo motivo, Confederaciones Rurales Argentinas y el Consejo Agroindustrial Argentino.
Recordaron que el sector agropecuario acompaña la protección del ambiente; por eso, consideraron que la respuesta legislativa debe contemplar la realidad de las actividades productivas y establecer reglas claras, precisas y técnicamente verificables.
En ese sentido, “la principal preocupación de Fearca está vinculada con el alcance que podría tener una figura penal constituida sobre conceptos amplios y cuya interpretación podría quedar sujeta a diferentes criterios judiciales”, ampliaron.
Para la Federación, el problema aparece cuando una actividad que se encuentra legalmente autorizada y sometida a controles y regulaciones específicas puede quedar expuesta a una eventual imputación penal como consecuencia de una interpretación posterior sobre el impacto ambiental de una determinada práctica.
“Producir dentro de la ley no puede convertirse en un delito. Cuidamos el ambiente y mejoramos permanentemente nuestras prácticas, pero necesitamos normas que establezcan con precisión qué conducta constituye un delito y bajo qué parámetros técnicos debe determinarse”, sostuvo el presidente de Fearca, Diego Martínez.
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