Exportadores debatieron con expertos de la Unión Europea acerca de las nuevas exigencias ambientales para exportar soja al viejo continente: trazabilidad, sostenibilidad y desafíos operativos.

A partir del 30 de diciembre de 2025, quienes deseen exportar a la Unión Europea deberán cumplir con el Reglamento 1115/2023 que exige que productos como la soja y la carne vacuna estén libres de deforestación. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Cómo adaptarse? Viki Lövenberg, consejera de la Delegación de la UE en Argentina, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, y Fernando Rivara, titular de la Federación de Acopiadores, se reunieron en la plataforma del Instituto de Capacitación Agropecuaria, moderados por Raúl Dente, presidente del Instituto, con el objetivo de responder a estas preguntas.

Lövenberg fue la encargada de presentar los fundamentos del reglamento, remarcando que la nueva medida no solo responde a una demanda ciudadana de mayor conciencia ambiental, sino también a la necesidad de actuar frente al calentamiento global. “Este reglamento es una muestra de coherencia con nuestros compromisos climáticos. El cambio climático es una realidad. Entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques en el mundo”, explicó la funcionaria.

La norma se enmarca en el Pacto Verde y se aplica tanto a productos de origen europeo como importados. Establece tres condiciones obligatorias: estar libres de deforestación desde el 31 de diciembre de 2020, cumplir con la legislación del país productor y contar con una declaración de debida diligencia firmada por el operador europeo. “Esto no es una prohibición. Se basa en definiciones internacionales, principalmente de la FAO”, aclaró Lovenberg.

Uno de los aspectos más novedosos es la exigencia de geolocalización de las parcelas de producción, lo que implica un nivel de trazabilidad más estricto. Aunque no se exige una herramienta específica, los operadores deben garantizar que no se mezclen productos de origen desconocido. “Conociendo la realidad en Argentina, pienso que esto representa una oportunidad para el país para proveer productos más sostenibles”, agregó, destacando los avances logrados a través de la plataforma VISEC.

La visión de la exportación estuvo representada por Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, quien remarcó la importancia de contar con estrategias comerciales que contemplen las exigencias ambientales internacionales, más allá de los posicionamientos políticos de los de los diferentes bloques. Y alertó sobre la urgencia de adecuar el trabajo operativo. "El primero de enero es pasado mañana. Falta muy poco tiempo para llegar", enfatizó.

Siguiendo esta premisa, convocó a toda la cadena de valor a integrarse a la plataforma VISEC: una herramienta que asegura una trazabilidad confiable y verificable, garantizando que los productos no provienen de zonas deforestadas. Esta trazabilidad se apoya en dos registros clave ya existentes: el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios y la Carta de Porte. Con estos elementos, el sistema permite seguir el recorrido de los productos desde el establecimiento de origen hasta el puerto de salida. El sistema es simple, voluntario y gratuito para productores, acopiadores y demás integrantes de la cadena, y está respaldado por la Bolsa de Comercio de Rosario, que emite los certificados de cumplimiento de la normativa europea. Estos documentos aseguran que los productos exportados cumplen con los requisitos ambientales exigidos por la UE.

“Desde CIARA-CEC alentamos claramente a todos los actores de la cadena a que se sumen. Es una plataforma transparente, de libre acceso, donde los acopios, las cooperativas y los distintos eslabones pueden compartir su información”, enfatizó.

Sin embargo, advirtió sobre el mayor obstáculo técnico: la segregación física del grano, que implica mantener separados los productos certificados de aquellos cuyo origen no esté debidamente trazado. “Es el tema de mayor dificultad práctica, de mayor esfuerzo económico y con cierta irracionalidad de implementación”.

A pesar de su postura crítica, Idígoras reconoció que se trata de una exigencia vigente. “Hasta tanto no se logre modificar dicho reglamento, es indispensable que cumplamos con la segregación física”, advirtió.