El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas instituido el 23 de septiembre. Martini estuvo acompañado por el Dr. Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y Norberto Liwski, Consejero para América Latina del Buró Católico para la Infancia.

Dicha cobertura representa 960 pesos mensuales, es decir 5.760 pesos el primer semestre y otro tanto si se prorroga el beneficio ante situaciones de precariedad o vulnerabilidad del beneficiario y su familia.

La trata de personas -como el que padecen algunos trabajadores que son “llevados” a desempeñar tareas sin saber dónde están y en condiciones engañosas- no es un tema meramente laboral, sino que constituye un delito federal.

La mayoría de las veces se produce por la situación vulnerabilidad socio económica de las víctimas y su entorno familiar. La prestación que otorgará el RENATEA apunta a mejorar las condiciones para que ese trabajador no se vea en la necesidad de aceptar condiciones de servidumbre y explotación.

Eso es lo que ocurrió con los hermanos Antonio y Sergio Cornejo, que durante 39 años (desde 1976) fueron explotados en la empresa de la familia Etchevehere en la provincia de Entre Ríos, situación por la cual se tramita una causa penal sobre los dueños de la firma entre los que se encuentra el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.

Según explicó el Ing. Martini “desde el estado nacional existe una política muy clara vinculada a la inclusión y contención de los trabajadores agrarios”. El director del Registro precisó en diálogo con El Enfiteuta que “el objetivo de este nuevo paquete de prestaciones es ofrecer una contención integral desde el Estado a trabajadores agrarios víctimas del delito de trata o de alguna forma de explotación laboral”.

Pero el beneficio no se agota allí, sino que el trabajador puede recibir en caso de querer capacitarse una prestación (a través del programa “Surco”) por 500 pesos o 750 pesos si es de la región Patagónica para poder asistir a cursos de todo tipo. A su vez recibe la obra social para él y toda su familia, al igual que un programa de alfabetización en caso de que lo requiera.

“El RENATEA, en articulación con otros organismos públicos, trata de cubrir y de saldar esto que es una responsabilidad del estado sobre trabajadores y trabajadoras a los que se le están violando sus derechos humanos en el marco de la trata laboral o la reducción a la servidumbre” explicó Martini.

Durante el periodo 2013/2015, RENATEA denunció penalmente 877 casos de trata en todo el país. Sin embargo, “hay entre 20 y 30 condenas de la justicia por ese delito” señaló Colombo a El Enfiteuta. La dificultad de aumentar esas condenas reside en que la justicia no hace solidariamente responsable desde el punto de vista penal al propietario de la empresa con el delito de trata cuando es indirecto.

Muchas veces el empresario dice desconocer que los trabajadores están siendo víctimas de “trata” ya sea porque se tercerizó el servicio prestado o porque adjudican la responsabilidad a un administrador o subalterno. En cambio, la justicia sí asocia la responsabilidad desde el punto de vista laboral.

“En esos casos” explicó Colombo “desde el punto de vista jurídico tratamos de explicar a los jueces que si hay una responsabilidad solidaria en materia laboral, necesariamente debe haberla penalmente”, pero aclara que es “una discusión jurídica que todavía no está saldada”.

Fuente: El Enfiteuta