Manuela Castañeira es de Paraná y en su condición de precandidata a diputada por Buenos Aires en representación del Nuevo MAS logró meterse en la agenda de medios especializados en temas rurales a partir de una propuesta disruptiva, pero poco novedosa: cree que hay que prohibir las exportaciones de la carne y poner retenciones de al menos el 50%. Lo cierto es que se quedó cortar con lo que sucede en la realidad.

Castañeira brindó detalles de su mirada sobre la economía, el agro y el sistema impositivo. Tras plantear un sueldo mínimo, vital y móvil de 100.000 pesos remató: “Hay que meter un 50% de retenciones al agro, prohibir las exportaciones de la carne y dejarse de joder”.

También añadió: “¿Todo esto para qué? ¿Para que los amigos del agro puedan tener un yate amarrado en la Costa Azul y unas casas espectaculares vacías en los countries? Las cosas están muy mal y nadie está diciendo en la campaña qué es lo que se va a hacer”.

Sin embargo, la precandidata del Nuevo más recibió la respuesta por parte del sector agropecuario. En este sentido, el analista de mercados agrícolas, Pablo Andreani, se refirió en Twitter a las declaraciones de Castañeira: “Te informo y educo con todo respeto. Entre las retenciones actuales, la brecha entre el dólar oficial y el blue y el no ajuste de balances por inflación, el campo ya paga el equivalente del 70% de retenciones”.

También agregó que con ese nivel de retenciones se fundirían todos los productores agropecuarios del país. “¿Es ese tu deseo y objetivo?”, se preguntó Andreani.

El sector agropecuario destacó la gran presión impositiva. En este sentido, la fundación FADA elaboró un informe donde se registró que 61,8% de la renta agrícola queda en los distintos niveles de gobierno.

“En otras palabras: el productor en el campo vende su cosecha, a eso le resta los costos que tuvo para producirla. Una vez hecha esa cuenta, valor de la producción menos los costos, supongamos que da $100, de esos $100 el Estado se queda con $61,80 entre impuestos nacionales, provinciales y municipales”, explicó David Miazzo, economista jefe de FADA.

El informe que se publicó en julio, reflejó un incremento nominal del tipo de cambio oficial del 35,6%, lo que significa que el tipo de cambio comienza a retrasarse respecto a la inflación. “Se incrementan los costos de la producción al medirlos en dólares, algo malo para cualquier actividad exportadora”, alertó Miazzo.