El juez Fabián Lorenzini dictaminó la intervención de la empresa Vicentin por 90 días hábiles. Como el término de la intervención cuenta los días judiciales de trabajo, la intervención será por un plazo que podría extenderse hasta mayo.

La resolución judicial determina, además, la imposibilidad de comprar o vender acciones de la compañía del norte de Santa Fe.

Según se desprende del fallo, al frente de esta medida quedará Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores -quien tendrá facultades de “similar rango a las de Presidente del Directorio”- mientras que la sub intervención quedará para quien proponga el Gobierno de Santa Fe.

Hasta que se designe alguien en esa posición, se designó a María Victoria Stratta, responsable de la Inspección General de Justicia santafesina.

Desde ese organismo se había iniciado el pedido de intervención del gobierno provincial, pero por un plazo más extenso al que finalmente se concedió. El magistrado también dispuso «la prohibición de modificar la composición y tenencia del capital accionario de la concursada, al momento de la última Asamblea Ordinaria».

Cabe recordar que el nuevo directorio de la empresa agroexportadora se reunió el miércoles 2 de diciembre con la comisión de seguimiento de la deuda de Vicentin, presidida por el diputado Luis Rubeo, donde refutaron la información presentada por los legisladores de dicha comisión.

Los directivos de la nueva comisión de la empresa concursada, acompañados por el exembajador argentino en China, Diego Guelar (en calidad de asesor y consultor), estuvieron reunidos durante dos horas con los diputados que conforman la Comisión de Seguimiento y Control de la Deuda que posee la cerealera.

En ese encuentro expusieron sobre la situación financiera de la misma y presentaron un plan de gestión para los próximos dos años.

En horas de la mañana, los directivos empresariales de la nueva comisión, Omar Scarel, Daniel Foschiatti y Estanislao Bougain, refutaron algunos de los informes que, previamente, habían presentado los legisladores pertenecientes a la Comisión de Seguimiento.

En diálogo con Conclusión, el presidente de la comisión, el diputado Luis Rubeo, contó que fue una «reunión franca» donde aprovecharon «para aclarar algunos puntos, en función de que ellos cuando solicitaron la audiencia, lo hacían sobre la base de que esta comisión se había tenía una actitud contraria a los intereses de Vicentin».

En ese sentido Rubeo afirmó que se encargaron de aclarar a los empresarios que esto no era así. «Lo que estamos haciendo es cumplir con el rol que marca la constitución y nuestro reglamento interno, por el contrario, ratificamos los tres ejes con que constituimos la comisión: la defensa de los puestos de trabajo, evitar la total extranjerización de la empresa y saber a donde está la plata”, apuntó.

«Nosotros concebimos que para que haya trabajadores tiene que haber empresas. Lo que sí, tenemos muchísimas dudas sobre cómo se llegó a consolidar esa deuda que casi diría esta semana o la que viene termina dilucidándose, cuando los síndicos manden el informe final, que va a estar orillando los 1.350 millones de dólares», reveló el diputado.

Finalizada la reunión, el diputado Palo Oliver se mostró decepcionado: “La presencia del nuevo directorio de Vicentin SAIC no le ha dejado nada nuevo a la Comisión de Seguimiento. Lo único que vemos es un cambio de nombres, porque se sigue repitiendo la estrategia inicial del directorio anterior, el que terminó declarando el default el 4 de diciembre de 2019, mostrándose como víctimas de malas decisiones del Estado Nacional e incluso ahora sostienen que son el objetivo de una campaña de desprestigio”.

En este sentido, el diputado aclaró: “Nosotros tenemos en claro que las únicas víctimas de este proceso son: el Estado Nacional, en consecuencia sus ciudadanos, por esos 300 millones de dólares que le debe la empresa al Banco Nación; el Estado Provincial, por la deuda impositiva acumulada; los trabajadores, que viven angustiados desde hace un año; las entidades financieras internacionales y más de 2.000 productores, en su mayoría de Santa Fe, que confiaron en Vicentin y todavía están aguardando el dinero que les corresponde. No perdamos de vista que la deuda acumulada alcanza los 1.350 millones de dólares”, dijo Oliver.