Vencida en abril de este año, con media sanción en la Cámara Alta en mayo y dictamen favorable en la cámara Baja durante el mes de julio, se aprobó el proyecto de modificación de la Ley 25.422, de promoción del desarrollo integral de la cadena ovina y de llamas que vencerá en 2031. Salió con 182 votos a favor, 2 negativos y ninguna abstención.

El primer proyecto de renovación tuvo sus orígenes en la Mesa Ovina Nacional, que data sus inicios en la materia en 2019 y un proyecto concreto presentado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en octubre de 2020.

La norma establece que el presupuesto para el año 2022 será de 850 millones de pesos, desde 2011 a la fecha es de 80 millones. No se incluyó una cláusula con un índice de actualización del monto asociado al presupuesto original de 20 millones de dólares, sino que dependerá del presupuesto que se establezca anualmente, con un valor de 850 millones de pesos o más.

La distribución de los fondos se realizará en función del stock de cada provincia y no con un balance entre la cantidad de productores y el stock declarado; tal y como habían propuesto legisladores entrerrianos que privilegiaron a los pequeños productores ante los grandes propietarios de majadas del sur argentino.

Además, se fija el recupero de fondos de Aportes Reintegrables; es decir que no regresan a las provincias para su administración, sino que retornan al fondo común y se vuelve a reasignar en función del criterio predefinido.