El Gobierno informó que enviará un proyecto de ley al Congreso, tras darse a conocer que pondría freno a la pretensión de Monsanto de cobrar en los puertos las regalías por su soja transgénica Intacta mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Miguel Rapella, Director Ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) y de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ArPOV), comentó a Campo en Acción que: “20 años son los que llevamos discutiendo esta temática, sin poder llegar a ningún acuerdo y la situación ya se había desmadrado, por el avance tecnológico enorme que tiene nuestra actividad. Con una legislación muy obsoleta y una tecnología que avanza sin cesar, no sabíamos en qué momento iban a aparecer todos los problemas, los cuales son muchos”.

En tanto, amplió que lo que esto es “un enfrentamiento entre una legislación obsoleta y un avance tecnológico muy grande. Entonces todos estos problemas explosionaron con fuerza el año pasado y mucho más este año. Era natural que el gobierno tendría que tomar una decisión y lo ha hecho de una forma tan política como sucedió en la reunión de mayo”.

En cuanto al pequeño productor, Rapella explicó que “fueron claras las expresiones del Ministro Casamiquela en la reunión diciendo que el pequeño agricultor queda totalmente afuera de este problema, estas eran una de las aspiraciones compartidas por todos los sectores. Hablamos del pequeño agricultor, más aun del agricultor familiar, que en todo este problema no los afecta en lo más mínimo, hasta diría que lo beneficia por el hecho de que ahora estarán en una situación completamente clara respecto a lo que están haciendo y de lo que pueden hacer con su semilla propia”.

“Hay muchísimas preguntas que lamentablemente no tenemos respuestas, lo único que tenemos son solo los grandes títulos que podría tener este decreto, pero no la letra fina” dijo el dirigente.

Rapella recordó que “el mayor trabajo que se hizo en conjunto fue en 2012, donde fueron convocados por la secretaria de agricultura y se discutieron todos los pormenores de la Ley. Ese fue el mejor trabajo, porque participaron 24 instituciones que permitió elaborar un documento que luego el Ejecutivo tomó la decisión de no enviarlo a las Cámaras”.

De la redacción de Campo en Acción