La experiencia de los países desarrollados demuestra que la intervención estatal es imprescindible para asegurar la eficiencia y confiabilidad de los mecanismos que regulan la comercialización y el pago de regalías sobre las semillas destinadas a las actividades agrícolas, señaló Federico Landgraf de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Una posición curiosa si se tiene en cuenta que la misma entidad se opone férreamente a cualquier tipo de regulación del mercados de carnes, al punto que hoy se encuentra enfrentada al gobierno nacional por no estar de acuerdo en los mecanismos de control en la comercialización dentro del sector.

"Los organismos estatales de los países desarrollados están dotados de los recursos y la organización necesarios para ofrecer los servicios responsables y eficientes que crean el marco de confiabilidad necesario para atenuar las pujas entre agricultores y semilleros por el pago de regalías", puntualizó el dirigente.

Al comentar los resultados de su participación en el curso sobre "Propiedad intelectual en plantas" dictado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, en inglés) como integrante de la comisión de de acción política de la SRA, Landgraf indicó que "a pesar de las diferencias entre ambos países, hay experiencias de interés común" con Argentina.

"Japón cuenta con una oficina de propiedad intelectual en semillas, PVP (Plant Variety Protection)", equivalente al Instituto Nacional de Semillas (Inase) local, "que es muy prestigiosa a nivel mundial, pero también muy respetada internamente", afirmó.

Para Landgraf, "la confianza de productores, semilleros y creadores de nuevas variedades en los organismos de control estatal es un dato fundamental a la hora de ordenar los sistemas de comercialización y asegurar el cumplimiento de las normas".

El gobierno japonés logró diferenciar las semillas destinadas a la producción de alimentos sensibles "para la población interna" de aquellos orientados preferentemente a le exportación, indicó el ruralista.

"El uso de las semillas de soja, trigo y arroz (considerados alimentos básicos en Japón) es totalmente libre y, aunque hay mucha inversión en investigaciones para la obtención de nuevas variedades, ni los semilleros que las multiplican ni los productores que las cultivan pagan royalties", destacó.

Asimismo, aclaró el dirigente, el grueso de esas inversiones "corren por cuenta de los organismos estatales" que en aquel país funcionan tanto a nivel nacional como municipal "y en estas especies los productores conservan intacto su derecho al uso propio".

En cambio, la situación es totalmente distinta con "las plantas ornamentales" ya que los productores japoneses compiten duramente en el mercado internacional de flores.

"Japón es el primer productor y exportador mundial de crisantemos, donde disputa espacios con China, Corea y Filipinas. También lidera junto a Holanda el comercio mundial en el cual compite muy de cerca con Colombia y Ecuador", precisó.

Según recalcó Landgraf, "en estos productos los derechos de propiedad sobre las distintas variedades se aplican en forma muy estricta".

El PVP elabora las "listas negativas donde figuran las especies y variedades que no se pueden cultivar, reproducir ni comercializar sin pagar regalías y exige su cumplimiento sin contemplaciones", dijo.

El pago de regalías -ilustró el dirigente- recae sobre toda la cadena "pero los montos y modalidades dependen de los acuerdos establecidos entre privados".

En paralelo con la Argentina, los japoneses también distinguen entre "obtentores, reproductores de semillas y agricultores", explicó Landgraf.

Pero en Japón, "los obtentores pueden vender sus variedades a los reproductores por un plazo de uno a diez años, según las características del mercado, y durante esa etapa el reproductor de semillas tiene pleno derecho para reproducir y comercializar la semilla".

Comprar pero reproducir

Por su parte, advirtió, "el agricultor paga el costo de la regalía cuando compra la semilla pero tiene terminantemente prohibido reproducirla".

Los montos son variables pero "en rosas, una variedad puede venderse en 20 mil dólares por el término de diez años mientras que en cherries los contratos son generalmente son anuales", apuntó.

Lo importante es que "además de fiscalizar la comercialización, las oficinas estatales japonesas se ocupan de certificar la calidad, evaluar la aptitud agrícola de las semillas y brindar información confiable sobre los cultivos de modo que para el productor resulte no solo obligatorio sino también conveniente mantenerse dentro del sistema". A modo de ejemplo, señaló que la investigación estatal apunta a establecer si las nuevas semillas presentadas al mercado son "efectivamente diferentes a las ya existentes y cuáles son los beneficios que ofrecen a los productores en materia de rendimiento o mayor resistencia a las enfermedades"

Así, la promoción de los nuevos productos no depende exclusivamente de la publicidad que realicen las empresas vendedoras sino de las pruebas de laboratorio y cultivos experimentales que realizan las oficinas estatales para dar seguridad al productor", concluyó.