Tras los incendios que se registraron en las islas del Paraná, unos 22 productores fueron notificados de una demanda civil de dos entidades ambientalistas que reclaman una indemnización de $150 millones por daño ambiental. Sumaron esto a una denuncia penal. En tanto, la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA) salió al cruce del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, quien acusó al juez federal de Paraná Daniel Alonso -donde se tramita una causa- por no actuar frente a los incendios.

"Al ni medio ministro de Ambiente" se titula el documento que cuestiona los dichos del funcionario quien indicó que "hace seis meses que hay fuego y la justicia no tiene a uno ni procesado ni detenido".

"Ud. no puede dar el nombre y apellido de los titulares catastrales de los predios incendiados haciéndolos penalmente culpables del hecho porque es tan ridículo como que acuse a los dueños de los autos víctimas de los quema coches; Ud. no puede hacer esto porque está haciendo apreciaciones injuriosas o falsas denuncias o por lo menos está entorpeciendo el accionar de la Justicia y en todas sus intervenciones perjudican la causa. Ud. no puede exigirle al juez de la causa presos como medida de escarmiento para que paren los incendios, tiene que dejar accionar a la Justicia para encontrar los verdaderos culpables, no chivos expiatorios", señala el texto de los autoconvocados.

Las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental demandaron a un grupo de 22 propietarios de la región y arrendatarios por "el daño al ambiente y la salud pública" generados por la quema de tierras en las islas del Delta del río Paraná.

Enzo Vignale, uno de los productores denunciados por las asociaciones civiles, en declaraciones al diario La Nación, dijo que lo de Cabandié es "una falta de respeto a la propiedad privada, agrede al ciudadano que trabaja, que se esfuerza, que trata de llevar adelante la producción nacional, somos un granito más de arena en la rueda de la producción".

Las asociaciones civiles demandantes estiman que los daños requieren de una indemnización reparatoria de $150 millones. También presentaron una cautelar para que cesen las actividades de quema, endicamiento e introducción de ganado mayor; pidieron la inhibición de bienes de los acusados y señalaron que el perjuicio ambiental alcanza a un millón de personas.

Acusación

"No somos nosotros los causantes de los incendios -insistió Vignale-. Nuestros animales no pueden comer cenizas. El fuego puede iniciarse por una colilla de cigarrillo, por alguien que prendió un fuego chico para calentarse; pese a la cuarentena hay quienes cruzan al Delta que es un espacio de recreo. Todo lo que está pasando es una falta de respeto al que produce".

Los incendios en el Delta del Paraná comenzaron a principios de año y tuvieron su pico en las dos primeras semanas de agosto, período durante el cual se registraron unos 7000 focos, casi un tercio del total acumulado anual. Hasta fines de agosto se quemaron unos 900 kilómetros cuadrados, según estimaciones de Greenpeace, una superficie equivalente a casi cinco veces la ciudad de Buenos Aires. Otras organizaciones como Naturalistas Santafesinos, en cambio, señalaron que el daño es aún mayor y que al menos se incendiaron unos 1000 kilómetros cuadrados.

Las quemas estaban prohibidas desde diciembre debido a las altas temperaturas, la bajante histórica del Río Paraná y la falta de lluvias. Las autoridades de las diversas jurisdicciones coinciden en afirmar que se trata de incendios intencionales. El Ministerio de Ambiente de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos y las municipalidades de la ciudades santafesinas de Rosario, Arroyo Seco y San Lorenzo presentaron denuncias penales en la Fiscalía Federal de Victoria.

En tanto, la denuncia de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná busca el "cese y/o suspensión de toda acción de quema y/o endicamientos" en la zona; que se "diseñe e instrumente un plan de recomposición ambiental" y que se "condene a los demandados al pago de indemnización sustitutiva" que la estiman en unos $150 millones. El texto menciona datos publicados en el portal Dosambientes.net el 15 junio, donde se señala que se quemaron 25.000 hectáreas "de pastizales, boques de timbos, sauces, alisos, ceibos laureles y espinillos en 31 días".

Le piden al juez que sean las universidades de Buenos Aires y del Litoral las que evalúen las tareas de recomposición, ya que tienen dos departamentos específicos dedicados a humedales y daño ambiental. La figura legal de recomposición ambiental implica reemplazar la flora dañada, implantar pastizales y árboles nativos, podría incluir también el retiro de ganado.

La demanda presentada también se refiere al "atentado a la salud pública provocado por el humo que se respira en las ciudades de la zona, sobre todo en Rosario. Usan como base un estudio de la Universidad Nacional de Rosario. Apuntan que las emisiones de contaminantes por los incendios "superan en cinco veces las permitidas".

"No cabe duda de que fueron personas extrañas", acusó Vignale en declaraciones a Radio Colonia sobre quiénes podrían haber sido los autores de los incendios. "Hay cazadores, pescadores, gente que entra y sale; nunca se había incendiado de esta manera", agregó el productor. Apuntó contra el gobierno nacional por la demanda: "Es una locura más de este Gobierno".

En tanto, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Ruales Agentinas (CRA), fustigó también a las autoridades: "Aprovechan una desgracia para politizar". Pidió a los funcionarios que "primero aprendan del tema que van a intervenir".