El problema concierne a las plantas autógamas, como la soja y el trigo. Grosso modo, estos cultivos permiten que, si los granos se cosechan tempranamente, funcionen como semillas y den lugar a nuevas plantas hijas de la original (proceso conocido como multiplicación). Las semilleras entienden que, si la variedad original está mejorada genéticamente, el laboratorio que hizo ese desarrollo tiene derecho a cobrar por esa reutilización de su tecnología, también presente en las sucesivas generaciones de semillas.

La Ley de Semillas vigente admite la resiembra de variedades bajo el concepto de uso propio, pero no lo delimita. Así, más allá de los productores que apartan una porción de sus granos para replantarlos, existen empresas que hacen de esta actividad un negocio, y reproducen semillas para venderlas en negro. Esta modalidad se conoce como bolsa blanca (porque no lleva marca ni rótulos fiscales) y es la que más preocupa a las semilleras, por la escala.

Frente a este panorama, el titular agrícola, Miguel Campos, busca reglamentar el uso propio distinguiéndolo de la multiplicación. Así, quien compre semillas para plantar 100 hectáreas, a la siguiente campaña sólo podrá replantar gratuitamente 100 hectáreas con esa variedad; si quiere sembrar más, deberá comprar más.

A las semilleras esto no les parece mal, pero sí insuficiente, debido a las enormes dificultades de fiscalización. Pero lo que más les preocupa es que esta norma anule las llamadas regalías extendidas, cláusulas que los semilleros aplican a sus mejores variedades, por las cuales quienes las compran se comprometen a pagar un fee por su reutilización por varios años.

Fuente: Cronista Comercial