En medio del conflicto con el Gobierno por el precio de productos sensibles para la canasta alimentaria como la carne y el pan, en el campo ahora se encendieron las luces de alarma ante un inminente desembarco de Hugo Moyano, el camionero que lidera la Confederación General del Trabajo (CGT), en el mercado de granos con el fin de controlar su transporte. La ofensiva se conoce a dos meses de la cosecha de soja, el principal cultivo del país.
Ayer, tras una primera reunión hace un par de días entre representantes del Sindicato de Camioneros y de la producción, alrededor de unas 30 personas, donde había productores, exportadores, corredores de granos y directivos de las distintas bolsas de cereales del país se reunieron en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para evaluar una respuesta.
En primer lugar, el secretario general de la CGT quiere un cambio en la política de compra del grano entre exportadores y productores o intermediarios, como acopios. Básicamente, la propuesta apunta a que los exportadores concentren la contratación del servicio de transporte y su pago, que después cargarían al productor.
"Las empresas exportadoras se ocuparán de la logística de transporte de la mercadería a través de una o más empresas por crear para esta tarea", sostiene un borrador enviado por los camioneros a una entidad.
Aunque de la reunión no surgió ninguna comunicación oficial, diversas fuentes dijeron que el próximo miércoles, en un encuentro convocado por el mismo Moyano, se hará saber al camionero el disgusto por algunas propuestas.
Según trascendió, el gremio busca crear empresas que se encarguen del transporte y de la administración de las cargas. "Como no le pueden bloquear la tranquera a 200.000 productores y sí a 10 exportadores que tendrían que contratar el servicio, ahora quieren esto", comentó una fuente. Desde el Sindicato de Camioneros no confirmaron esta información, pese a las llamadas de LA NACION a un vocero de Moyano.
El sistema actual
Hoy el productor paga por el servicio del transporte a la empresa que acopia su grano, a la cooperativa que le remite mercadería o directamente al transportista que contrató. "Tomamos el tema con seriedad", dijo Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, sobre la avanzada de Moyano. "El transporte de cargas está en crisis y no puede resolverse de manera oportunista desde varios sectores", indicó Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria Argentina.
Moyano también quiere que las tarifas que son indicativas para el transporte de granos (entre otras distancias, de $ 65,23 por tonelada hasta 300 kilómetros) sean obligatorias. En este punto, pretende que los camioneros cobren lo que se llama la tarifa llena y no sufran descuentos.
Sucede que en plena cosecha, ante la escasez de camiones, los valores se mantienen a los precios generalmente indicativos, pero después bajan. De una cosecha en torno de los 80 millones de toneladas, por camión se transportan poco más de 50 millones.
El sindicalista camionero no reclama solo: tiene el apoyo de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), que también se queja porque, según dicen en la entidad, "dadores" de carga como los acopiadores, exportadores y cooperativas no pagan todo el año las tarifas que corresponden.
"El camionero recibe tres meses la tarifa llena [durante la cosecha]y después vive como puede; le pagan el 40, 50 y hasta el 60 por ciento del valor", expresó Rubén Agugliaro, presidente de Catac. Agugliaro no descartó, como habría dejado trascender Moyano hace poco a algunas entidades, medidas de fuerza: "Si no pagan lo que corresponde, seguramente se buscará la forma para que no saquen el producto". El dirigente de Catac confirmó que, junto a Moyano, impulsará la creación de puestos de control para comprobar que se paguen los valores "que corresponden".
Por si fuera poco, Moyano buscaría sumar a su gremio a empleados o camioneros de empresas del sector que permanecen en otros sindicatos, como el de empleados de comercio. Se calcula que en todo el país hay entre 150.000 y 200.000 vehículos de carga cerealera, con una antigüedad de hasta 25 años. El sindicalista también quiere asegurarse que ningún camionero sea contratado en negro.
Fuente. La Nación
