El Gobierno buscará limitar el alcance del paro agropecuario que comenzará pasado mañana con una serie de medidas que podrían mejorar las condiciones de los productores en los mercados de hacienda y de granos, a la vez que buscará asegurar la estabilidad de los precios de ambos sectores en los próximos meses.

Por un lado, sorprendió en el Mercado de Liniers la mejora en la lista de precios máximos que envía -aunque sin reconocerlo oficialmente- la Secretaría de Comercio Interior: el valor del ternero subió 12 centavos y alcanzó los $ 2,78 por kilo, y el de la vaquillona subió 14 centavos, para pasar a valer $ 2,70. En los próximos días podrían darse nuevas modificaciones.

Por otro lado, el organismo comandado por Guillermo Moreno autorizará un mecanismo -una vieja costumbre de la principal plaza ganadera- que había sido vedado mesas atrás: las ventas "al oído" (la comercialización directa de hacienda dentro del mercado). Esta autorización fue entendida en Liniers como un voto de confianza en la transparencia de la plaza.

Aunque confirmaron estas novedades, varios consignatarios prefirieron no aparecer públicamente ante el temor a represalias. Es que el termómetro para medir el éxito o fracaso de los paros agropecuarios siempre estuvo en Liniers y esta vez no será la excepción. En la protesta anterior, a fines de julio, el Gobierno había logrado frenar las ventas del viernes para asegurar una mayor disponibilidad de cabezas el primer día del paro, que había sido un lunes.

Por otro lado, hoy -o, a más tardar, el martes- el Ministerio de Economía anunciaría finalmente el esquema por el cual las exportaciones de granos subsidiarán la demanda local de trigo y maíz. Ese habría sido el tema central de la reunión que anoche sostuvieron la ministra Felisa Miceli, Moreno y el presidente Kirchner.

Según supo LA NACION de varias fuentes, se creará un fondo compensador con el que se subsidiarán las actividades productivas con alta demanda de los granos cuyos precios internacionales pudieran generar inflación. Habría un precio de exportación oficial y otro de referencia para el productor, y de la diferencia de ambos valores se nutriría el fondo, que el Gobierno podrá administrar a discreción. Con este mecanismo, que regirá hasta el 30 de noviembre de 2007, Economía pretende congelar los precios de los alimentos durante el año electoral y mejorar el precio que reciben los productores por los granos. Sólo el maíz, que llegó ayer a su mayor precio desde 2002, aumentó su valor casi un 100% en un año.

Sin embargo, lejos de mitigar el enojo del campo, estas medidas podrían provocar aún mayor malestar porque son consideras "distorsivas". "Esto agrava la situación porque nos terminan sacando más plata. Si quieren subsidiar que lo hagan con plata del Tesoro, que por los mejores precios internacionales este año va a recaudar US$ 3800 millones, US$ 800 millones más que el año pasado", dijo Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que convocó al paro agropecuario junto con Federación Agraria Argentina (FAA).

En Rosario, el consejo directivo de la FAA ratificó esa convocatoria por unanimidad y respondió el coro de acusaciones que varios gobernadores y legisladores kirchneristas lanzaron contra el campo en general y contra esa federación en particular. "Ellos hablan de las bondades de la rentabilidad del sector, lo que no dicen es quién se está quedando con esa plata", dijo Eduardo Buzzi, presidente de la entidad.

Los productores insisten en que las constantes intervenciones del Gobierno en los mercados agropecuarios terminaron causando grandes transferencias de rentabilidad entre los actores de la cadena. De hecho, sólo en carnes, trigo, maíz y lácteos, los ruralistas dicen que dejaron de ganar casi 2000 millones de pesos en los últimos meses.

En CRA y FAA sostuvieron que el abastecimiento de productos alimenticios está garantizado porque "las cámaras de frío están llenas y mañana [por hoy]van a ingresar en Liniers unas 8000 cabezas", afirmó un vocero ruralista. Además, los productos frescos, como leche, verduras y hortalizas, no están incluidos en el cese de comercialización.

En tanto, hoy se reunirá la comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para evaluar las últimas medidas oficiales y la posibilidad de adherirse al paro. "Las posiciones están divididas", afirmó una fuente de la entidad.

El Frente Agropecuario Nacional (FAN), que esta semana fue recibido por la ministra Felisa Miceli, no se sumará a la protesta porque entiende que el diálogo con el Gobierno sigue abierto. Una conducta similar podría adoptar Coninagro, cuyos dirigentes sienten haber logrado del Gobierno la continuidad del esquema regulador de las exportaciones de carne, que seguirá tal cual está por otros seis meses.

Ante esas posturas, un vocero del Ministerio de Economía consideró: "El paro tiene un tinte político, por eso no se suman FAN ni Coninagro".

LA NACION