El Gobierno dispuso el otorgamiento automático de los beneficios de la emergencia agropecuaria a los productores afectados por la sequía, entre los que se incluyen la suspensión hasta el próximo ciclo productivo de la iniciación de juicios de ejecución fiscal y del ingreso de anticipos de impuestos nacionales.

La medida se dispuso a través del decreto 193/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con el que se formaliza el anuncio que en ese sentido formulara el 5 de abril el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Se considera imprescindible actuar de forma inmediata en la asistencia de los productores afectados por los eventos climáticos extremos que soporta nuestro territorio, poniendo a su disposición todos los instrumentos y herramientas financieras, fiscales y de ayuda económica, facilitando el acceso a aquellas, y simplificando los trámites administrativos que deben realizar los interesados para hacer uso de ellas".

De esta manera, se simplifica la operatoria por la que "primero tiene que haber un decreto de las provincias y luego una resolución del Ministerio de Economía, porque las provincias a veces declaran la emergencia hídrica o por sequía en algunos municipios o en todo el territorio provincial", como explicara el 25 de marzo a Télam el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto.

El decreto establece que los contribuyentes cuya actividad principal sea la agrícola-ganadera, cuyos establecimientos se encuentren en una zona de emergencia o desastre agropecuario por sequía ya declarada y las que se declaren y homologuen hasta fin de año, "obtendrán automáticamente, los beneficios dispuestos por esta medida".

La autoridad provincial correspondiente remitirá a la AFIP la información contenida en los certificados emitidos, y el organismo recaudador estará facultado a "instrumentar un mecanismo" para incluir "a aquellos sujetos que, aun contando con la correspondiente certificación provincial, no hubieren sido identificados".