La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) rescató distintos enfoques, sobre la importancia y las posibles consecuencias de cambiar la legislación vigente la actual Ley Nro. 20.247 -conocida como Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas - se promulgó en 1973. Hoy existen propuestas para modificarla, argumentando su desactualización y la necesidad de promover nuevos desarrollos por parte de las compañías semilleras. El proyecto para modificarla ya cuenta con un dictamen de comisión de mayoría en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Para Gustavo Schrauf, Profesor Titular de la cátedra de Genética de la FAUBA, es fundamental conocer cómo son y quiénes controlan los mercados de semillas. "La semilla es el insumo básico de la cadena alimentaria y condiciona cómo se producen los alimentos.
Por eso, las empresas de agroquímicos compraron casi todas las semilleras en el mundo: Bayer compró a Monsanto, Dow y Dupont se fusionaron y ChemChina adquirió a Syngenta y a la empresa argentina Nidera. Sólo estos tres grupos empresarios concentran cerca del 60% de las ventas globales de semillas y del 70% de los agroquímicos".
"Esto hace que el productor esté muy condicionado en su forma de producir. Al comprar las semillas también adquiere los agroquímicos para que los cultivos expresen su potencial. La tendencia al monopolio es muy fuerte, y si dejamos en sus manos el desarrollo de semillas, perdemos soberanía y poder de decisión", dijo, y agregó que quitarle al productor el derecho al uso propio de las semillas puede profundizar la monopolización.
"En la Argentina, la normativa que rige para las semillas ya tiene varias décadas. No se han recogido las innovaciones tecnológicas desarrolladas en los últimos años y eso ha tenido un costo importante tanto en productividad como en divisas. Por ejemplo, hoy, por no haber incorporado esas tecnologías, los rindes argentinos en maíz y trigo pasaron a estar debajo de los de EE.UU., habiendo sido superiores o semejantes. Cuando uno valoriza eso, significaría una pérdida para el país de 50 mil millones de dólares por el maíz más 19 mil millones por el trigo", explicó Fernando Vilella, Director del Programa de Bioeconomía de la FAUBA.
En esta misma línea, el docente agregó que en el caso de la soja, por esa misma razón y porque los productores pueden guardar semillas de una campaña a otra -cosa que no sucede con el maíz híbrido-, la Argentina estaría perdiendo alrededor de 2500 millones de dólares por año. "En términos de retenciones, dejamos de recuperar unos 770 millones de dólares al año. Para tener en claro la magnitud de esta cifra, el presupuesto anual de la UBA es de 600 millones de dólares".
"Uno de los problemas centrales del proyecto del oficialismo es que se limitaría fuertemente, o se eliminaría, la figura del uso propio de las semillas. Es decir, se les quitaría a los productores la posibilidad de que guarden sus semillas para sembrarlas en la campaña siguiente. En su reemplazo, se propone la figura del uso propio oneroso.
Dicho de forma simple, los productores deberán pagar por sembrar las semillas que ellos mismos producen. Sin el uso propio desaparece la única posibilidad de evitar una situación de monopolio", sostuvo Javier Rodríguez, Director de la Licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús.
Debatir la propiedad intelectual
"La Ley 20.247 abarca dos cosas que no tienen casi nada que ver entre sí: lo relativo al comercio de semillas y lo referido a la propiedad intelectual de la creación de nuevas variedades vegetales.
En el resto de la jurisprudencia argentina, estos temas están separados, pero esta Ley los junta. Al examinar los 11 proyectos presentados al Congreso no se ven diferencias en nuevas ideas sobre la comercialización de semillas. El punto urticante está en la parte de la propiedad intelectual", puntualizó Miguel Rapela, Director de Vinculación del Centro Integrado de Genómica y Mejoramiento de UBATEC y Director Ejecutivo del Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral.
Según Rapela, el punto central de la discusión sobre la modificación de la Ley vigente es cómo manejar el uso propio de la semilla. Poder guardar semillas de una campaña a otra está permitido casi en todo el mundo, con regulaciones para no afectar a quienes obtuvieron la variedad inicial.
Este control no existe en la Argentina. En consecuencia, los mejoradores de especies autógamas -o sea, que se pueden conservar luego de producidas-, tanto de la faz pública como de la privada, se ven perjudicados al no obtener un retorno por lo que invirtieron en su trabajo.
"Por otra parte -agregó Rapela-, está el tema del monopolio. Las 3 ó 4 empresas semilleras internacionales que dominan el mercado mundial poseen posiciones muy fuertes en el mercado de semillas híbridas en la Argentina, pero son casi inexistentes en el mercado de autógamas, que es el mercado del problema.
En este sector, la empresa líder absoluta en nuestro país es Don Mario, que es argentina. Por otra parte, el mercado de forrajeras está totalmente dominado por empresas argentinas, al igual que el sector hortícola. Entonces, respecto al monopolio, yo opino que ni de casualidad se da en la Argentina".
AGRITOTAL
Envía tu comentario