Tratando de entender el porqué de la política de Monsanto en materia de recuperación de ingresos de la tecnología Roundup Ready (resistencia a glifosato), mediante la detención de embarques en Europa, no habría que dejar de lado el siguiente dato.

En un reciente informe, Raymond Massey, economista de la Universidad de Missouri, presentó el valor de los insumos agrícolas para la presente campaña del 2006. En esa región, el valor de una bolsa de semilla de soja RR de 50 libras (22,5 kilos) cuesta entre 30 y 36 dólares. En tanto, se necesita en promedio 1,3 bolsas por acre (0,40 hectárea), con lo cual un productor de Missouri gasta entre 96 y 115 dólares en semilla de soja RR, para sembrar una hectárea.

En la Argentina, la bolsa de 40 kilos de una soja resistente a glifosato cotiza en torno de los 16 dólares y se necesitan, grosso modo, dos bolsas por hectárea, es decir 32 dólares, lo cual representa entre un tercio y un cuarto de lo que paga un americano.

Esta situación, que en principio podría corresponderse a las asimetrías típicas entre economías, fue tomado ya hace años por los productores de los Estados Unidos como un caballito de batalla contra Monsanto, la desarrolladora y proveedora de la tecnología.

En el 2000, el asunto llegó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes (diputados) de ese país, apenas cuatro años más tarde que la tecnología se liberara en ese país y en la Argentina.

Los legisladores estadounidenses hicieron una comparación de precios similar a la presentada en este artículo. A la hora de explicar los motivos, por un lado se apuntaba que al estar protegida por patentes el farmer no podía hacer uso propio y pagaba un canon tecnológico de 6,75 dólares por bolsa.

Negro

El otro aspecto que señala el informe es el porcentaje de mercado ilegal que hay en la plaza de semilla de soja, que los legisladores ubican entre el 25 y 50% del total del área argentina.

A partir de este informe, la American Soybean Association, le reclamó a Monsanto una compensación de entre 300 y 600 millones de dólares por lo que consideraban era una asimetría entre lo que ellos pagaban y lo que pagaban los productores argentinos. En ese momento, el vocero de la empresa (Don Verakis) sostuvo que más que hacer un reembolso, lo que correspondía era trabajar para asegurar la protección de la propiedad intelectual en la Argentina.

A partir de ahí, se sucedió primero el retiro del programa de soja de Monsanto en la Argentina y luego una discusión por las regalías de la tecnología que terminó en la judicialización del conflicto en las cortes de los países europeos.

Siendo que el norteamericano es un mercado significativo, hay quienes piensan que esta judicialización tiene que ver también con emitir señales hacia los farmers. El otro aspecto, señalan, es sentar un precedente importante en materia de recuperación de regalías.

¿Y los subsidios e impuestos?

Cuando a un productor argentino se le señala la diferencia en el valor de los insumos vis-à-vis con un productor norteamericano, lo que primero que argumenta es que en los Estados Unidos los agricultores reciben importantes subsidios y que además no sufren retenciones, que en la Argentina representan casi la cuarta parte del valor del grano de soja. Los chacareros nacionales no creen que los farmers debieran quejarse tanto.

ES tema de un foro en mercosoja 2006

La edición de Mercosoja 2006 que desde ayer miércoles y hasta el viernes se lleva a cabo en la ciudad de Rosario incluye en su programación un foro de discusión sobre la propiedad intelectual.

Miguel Rapela, coordinador del mismo, dice que se trata de contraponer el modelo europeo al norteamericano, como formas de preservar este derecho.

Este ingeniero agrónomo que se ha especializado en esta área del derecho sostiene que hasta el momento el gran beneficiado por la situación local ha sido el productor argentino. "En los Estados Unidos, la ecuación de costos para el agricultor es igual siembre una soja transgénica o una convencional. En cambio en la Argentina, la ecuación es en favor de la soja transgénica en el orden de los 26 dólares por hectárea", comenta Rapela.

El tema de la recuperación de los derechos de propiedad intelectual de los obtentores de variedades vegetales puede tener un avance con la promulgación de la resolución 338 por la cual la Secretaría de Agricultura acaba de restringir el uso propio a la misma cantidad de semilla originalmente comprada. Sin embargo, los semilleristas platean que si bien es un paso adelante, la cuestión radica en poder realizar un efectivo control.

Fuente: Infocampo

Javier Preciado Patiño