La Sociedad Rural de Rosario manifestó su “más categórico rechazo al aumento desproporcionado del impuesto inmobiliario urbano y rural, que el Poder Ejecutivo provincial intenta establecer en 2016”.

“Aclaramos para autoridades y población que las eliminaciones parciales de retenciones por fin recién realizadas, significan finalizar con confiscaciones y discriminación que enorme daño causaron y causan al sector agropecuario y a la extensa actividad económico-social muy conectada, en especial a trabajadores. No es regalo, es justicia y conveniencia comunitaria”, agregaron los directivos de la entidad ruralista a través de un comunicado de prensa.

“Asumimos todos los riesgos climáticos que nos han destrozado, como los últimos, pero basta de riesgos artificiales y usurpaciones. No más limitaciones y trabas para poder sostener y crear fuentes de trabajo productivas”, continuó el texto.

En la ciudad de Santa Fe se escuchó la voz de Ignacio Mántaras, el secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (Carsfe).

“Es un aumento inoportuno. De enero de 2015 hasta abril de 2016 está casi toda la provincia en emergencia, por lo que se les juntarán los impuestos prorrogados con el nuevo; no nos parece el momento”, publica Punto Biz.

El empresario se quejó porque el sector sufre una altísima presión tributaria, al tiempo que consignó que “es muy discutible la figura del gran propietario rural”. Y como el presupuesto provincial está basado en una inflación de 17.5% y un aumento del gasto del 33%, planteó: “No lo consideramos oportuno, y creemos que el Estado provincial debe hacer esfuerzos en reducir el gasto en épocas complicadas”, redobló, al tiempo que evaluó: “El contexto no es tan complicado gracias al fallo de la Corte Suprema que devolvió fondos de la coparticipación. El goteo es importante, la situación ya cambió desde que se presentó la ley de presupuesto”.