Unas 5900 toneladas de harina de soja exportadas desde la Argentina están demoradas en el puerto británico de Liverpool debido a una demanda judicial presentada por la empresa norteamericana Monsanto, que reclama el pago de regalías del gen Roundup Ready, incorporado en la oleaginosa.
La demora del cargamento es la tercera que se produce con una exportación argentina en Europa en las últimas tres semanas. El 26 del mes pasado fueron detenidos otros dos buques en los puertos españoles de Bilbao y Santander.
El embarque trabado en Liverpool pertenece a la empresa Cargill y tiene un valor aproximado de un millón de dólares.
"Estas acciones afectan las exportaciones argentinas", dijo a LA NACION el agregado agrícola ante la Unión Europea, Gustavo Idígoras.
En Monsanto, en tanto, no hicieron comentarios, aunque fuentes de la compañía lamentaron que aún no se hubiera alcanzado un acuerdo entre las entidades de productores, semilleros y el gobierno argentino sobre la controversia.
Las acciones judiciales ponen en riesgo el principal mercado de exportación para el complejo oleaginoso por unas 10 millones de toneladas con un valor de 2500 millones de dólares.
En julio del año pasado Monsanto inició una demanda en Holanda contra el importador europeo Cefetra para reclamar por el pago de regalías a la soja transgénica producida en la Argentina. La compañía norteamericana logró patentar en Europa el gen RR, cosa que no pudo hacer en el país.
El Gobierno rechazó la pretensión de Monsanto y a principios de este mes presentó un escrito en los tribunales holandeses en el que solicita se lo considere "tercero interesado". Un equipo integrado por especialistas de la Secretaría de Agricultura, la Cancillería y la Procuración General de la Nación coordina la estrategia judicial. Este grupo además está evaluando otras estrategias para responder a la demanda de Monsanto.
La Secretaría de Agricultura opinó que la firma "toma medidas coactivas y ejerce de manera abusiva sus derechos de propiedad intelectual en contra de la Argentina, creando incertidumbre y daño al Estado, que se traduce en una disminución de las ventas de productos agroindustriales derivados de la soja RR y que causan una disminución en los ingresos fiscales por recaudación de tributos". La Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina, entre otras entidades, respaldaron la posición del Gobierno.
Sin resultados
El secretario de Agricultura, Miguel Campos, calificó la estrategia de Monsanto como "extorsiva", mientras que el gobernador bonaerense, Felipe Solá, dijo que la firma era una "vergüenza nacional".
Cuando en 1996 era secretario de Agricultura, Solá aprobó la siembra de soja genéticamente modificada desarrollada por Monsanto. Esa autorización, adoptada casi al mismo tiempo que en los EE.UU., permitió, junto con otros avances, que la Argentina triplicara su producción de soja en diez años y se convirtiera en el principal producto de exportación por las ventas de harina proteica, aceite y poroto.
La introducción del gen RR, junto con otros avances tecnológicos como la siembra directa, sirvió para ahorrar costos a los productores, ya que con un solo herbicida, el glifosato, se combaten todas las malezas que afectan al cultivo.
En 2004 Monsanto propuso a entidades de productores, exportadores y al resto de la industria semillera un acuerdo para que se le reconociera el pago de regalías por el crecimiento del uso ilegal de la semillas, conocido como "bolsa blanca", que afecta a la soja y al trigo.
Pese a las innumerables reuniones realizadas, no hubo un acuerdo sobre la forma y el sistema de pago y la conducción de la compañía, en Saint Louis, EEUU, decidió iniciar las acciones judiciales.
