Los que comandan la iniciativa desde el sector privado son los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, un conglomerado de 53 entidades nacido hace solo cuatro meses, bajo el signo de la cuarentena y el furor de las reuniones por zoom.

José Martins, Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero del Consejo Agroindustrial Argentino, hizo declaraciones en A24, en donde admite que el grupo surgió “de casualidad”, a fines de abril cuando se esparció el temor de que la Argentina dejara el Mercosur y buscaron dialogar con el canciller Felipe Solá.

“Fuimos generando un intercambio proactivo con el canciller y con Jorge Neme (vicecanciller) y así se fue instalando la dinámica de charlar y permitirnos hacer propuestas entre nosotros”, contó Martins a Marcos Lopez Arriazu, de A24.com Agro.

En ese momento surgió la idea de trabajar sobre sobre un marco de normas que le dé al sector una previsibilidad de al menos 10 años. Así nació la "Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal".

El primer paso fue dejar afuera las internas. Es por eso que el Consejo asegura contar con una estructura horizontal, donde ninguna asociación tiene más peso que otra en las decisiones, por más que haya asimetrías a la hora de los negocios.

“Como grupo nos propusimos lograr un nivel de consenso tal que las tensiones de la cadena no tiren todo para abajo. En un ambiente comercial siempre hay tensiones sectoriales. Por eso, el grupo no entra en terrenos gremiales, lo nuestro es exclusivamente para trabajar en políticas de Estado o propuestas de Ley para generar inversiones con el fin de aumentar las exportaciones y el empleo.

“Es lo que se necesita para traccionar inversiones, extranjeras o argentinas. Para eso, necesariamente teníamos que ir a un marco de ley para evitar la historia argentina donde los gobiernos impulsan medidas pero que, con el cambio de signo político, el que viene después lo deja de costado”, subrayó.

Para lograr esa construcción, los empresarios sabían que tenían que despertar el interés de la política: funcionarios, gobernadores y legisladores, personas con ascendente para avanzar con el proyecto.

¿Cómo se asegura esa previsibilidad para atraer inversiones?

Tenemos que ser capaces de crear un marco macroeconómico razonable, con reglas de juego claras y previsibles, y aligerar la pesada mochila impositiva que soporta toda la agroindustria. Así habrá espacio para crecer en términos de generación de divisas, de creación de empleo, de expansión de infraestructura y en definitiva de darle un marco federal al crecimiento y al potencial de la exportación de la agroindustria, siempre pensando en generar valor agregado. Somos muy buenos en exportar productos primarios para que alguien en el mundo los proceso. La idea es, sin dejar eso de lado, construir la oportunidad de llegar con productos elaborados a distintos mercados del mundo.

¿Cómo piensan lograr ese valor agregado?

En primer lugar no queremos ir con el manual debajo del brazo y decirle al Gobierno lo que tiene que hacer. Lo que le decimos a los políticos es sentémonos a charlar ya que con determinados estímulos podemos crecer de esta manera. Por ejemplo, tenemos que achicar la mochila impositiva. Los derechos de exportación son un impuesto totalmente distorsivos y tenemos que trabajar en un plan para reducirlos para que haya incremento de la producción, condición necesaria para que el plan funcione. Hoy claramente no podemos pedirlo porque el momento actual de la Argentina lo impide. Pero si podemos elaborar un programa concreto de baja de retenciones para tender a crecer con producción. Otro tema es el nivel de reintegros a la exportación, no podemos exportar impuestos, también tenemos que trabajar para que, de acuerdo al valor que vayamos agregando se vaya adecuando el paquete impositivo. También están los Ingresos Brutos en las provincias y tasas en los municipios. Por otra parte, necesitamos leyes que incentiven la inversión: desgravación impositiva, desgravación acelerada, algunos estímulos a la inversión, un paquete completo que tenemos que necesariamente pasar por el Congreso para que tenga previsibilidad por muchos años y que no pueda ser cambiado tan rápidamente.

¿Cómo se hace para que esas medidas no tengan impacto fiscal?

Nosotros hablamos de impacto fiscal neutro. Si hoy no producís, no generas impuestos. Lo que estamos diciendo es bajemos la carga impositiva que eso va a hacer crecer la producción y el efecto fiscal va a ser neutro. Cuanto más producís más impuestos vas a recaudar con lo cual ahí vas a tener una compensación. Los equipos están trabajando en esos modelos de simulación que le permitan ver al gobierno que a mayor producción va a haber recaudación. Lo que pasa es que hay que regular la marcha y ver de qué forma ecualizamos que la sábana no destape los pies y tape la cara. Pero claramente con una menor carga va a haber una mayor producción.

Se reunieron con el gremio de los trabajadores rurales (UATRE). ¿Se necesita algún tipo de régimen laboral especial?

En algún momento vamos a tener que sentarnos con los trabajadores a ver cuál es el marco que va a necesitar todo este nuevo desarrollo sin perjudicar al trabajador e incentivando a la industria que invierta. Lo mismo pasa en término de Educación. Necesitamos planes que capaciten a la nueva mano de obra necesaria para enfrentar la tecnología que viene creciendo a pasos agigantados. Con lo cual todo esto es de discusión de generación de consensos, de no imposición. En su momento lo hablamos con UATRE y estamos esperando hablar con la CGT para exponerles el plan y hablar en conjunto que cosas tenemos que trabajar.

¿Qué tiene la agroindustria para aportarle a la Argentina?

En primer lugar generación de divisas y de empleo. Creemos firmemente, y así lo está entendiendo el Gobierno, que si no ponemos foco en la generación de divisas, el mercado interno no alcanza. Claramente el primer punto es ser capaces de generar USD 100 mil millones anuales de exportación. Eso, ya genera empleo. La Argentina viene destruyendo empleo desde hace muchos años y la crisis pandémica termina de pegarle un sopapo muy importante. Hay quien dice que se van a perder un millón de puestos de trabajo. Y para que la agroindustria elabore productos con valor agregado necesariamente hay que agregarle un plan de infraestructura para que esto sea real y eso también va a demandar puestos de trabajo en el interior. Hay que crecer con carreteras, autopistas, ferrocarril, vías navegables, hay que llegar con energía al interior. No es simplemente decir va a crecer la agroindustria, se necesita un soporte de infraestructura para poder hacerlo. Hay que llegar con energía, hay lugares donde no llega o llega muy cara, hay que llevar conectividad. Hay lugares que no tienen internet. Con lo cual, aligerar la mochila y generar algunos beneficios para las inversiones claramente va a contribuir fuertemente al desarrollo de la Argentina.

¿Cómo se van a plasmar estas ideas?

Imaginamos un conjunto de leyes, o una ley ómnibus. También estamos viendo que hay temas que se pueden poner en marcha a través de decretos del Poder Ejecutivo como la modificación de los planes de estudio, la investigación y desarrollo de temas productivos, los sistemas de fiscalización de semillas o asuntos de negociaciones internacionales. Por ejemplo, Cancillería ya está en la construcción de un comité público-privado para el desarrollo de negocios para el exterior. También estamos planteando que haya más agregados agrícolas. Es decir, no me extrañaría que podamos llegar a un acuerdo y que sea el propio Poder Ejecutivo el que presente el proyecto de Ley.

¿Cuál fue la recepción de Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa?

Los tres tomaron el proyecto con mucho gusto. Nos alentaron a trabajar muy rápido porque ha sido común la visión de que la oportunidad es hoy, que hay que moverse rápido. Massa nos mandó un anteproyecto de Ley a los tres días de reunirnos, el cual agradecimos pero decidíamos dejarlo a un costado para que el sector no se viese influenciado y pudiera seguir trabajando con el propio. Cristina nos preguntó si teníamos el anteproyecto, a lo que le respondimos que nuestra intención es articular el espacio para discutir y que sean los legisladores los que terminen el proyecto. El Presidente fue en el mismo sentido e instruyó inmediatamente a Cecilia Todesca, Solá y Luis Basterra para que tomen el tema, se ocupen y armen una mesa chica para interactuar con nuestros equipos. Por eso, creo que el futuro proyecto de ley vendría por el Ejecutivo. Pero también lo discutimos con la oposición, con representes de Juntos por el Cambio y con Roberto Lavagna y legisladores de su espacio; todos coinciden en la necesidad de avanzar con el proyecto.

¿Qué tiempos manejan?

A fines de septiembre tiene que estar todo discutido y el o los anteproyectos presentados. Lo ideal sería que fuera tratado antes de fin de año. Estamos muy avanzados en números y proyecciones, esperando el llamado de la mesa chica del Gobierno para articular regímenes, el impacto impositivo, etc.

Hay desconfianza de productores de que todo esto termine en un diferencial de retenciones para subproductos de los granos.

En ningún momento en este espacio se habló de ese tema. Todo lo que estamos trabajando en términos de propuestas impositivas tiene que ver con los aportes que han hecho cada uno de los sectores a los que representamos. Los mejor representados son los productores: las tres entidades gremiales, cadenas de valor, bolsas de cereales, de comercio, sería muy necio pensar que se arma un esquema de este tipo para defender un sector. Si en algo estamos haciendo hincapié es que el principal beneficiado tiene que ser el productor primario porque si ahí no hay rentabilidad y no hay crecimiento lo demás es cháchara.