Fuentes cercanas al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, indicaron que la decisión de aplicar esta polémica norma "se justifica porque hay una situación anormal en el mercado internacional, que genera una patología".

El funcionario aclaró que la suspensión de las exportaciones de carne "recién se levantará una vez que se compruebe el cumplimiento del acuerdo" firmado la semana pasada, que establece precios de referencia para 12 cortes del mercado interno, aunque esta decisión ponga en riesgo los embarques previstos a Europa por la cuota Hilton, que no estaban alcanzados por la veda para vender al exterior. "Se llegó a un acuerdo con el sector privado para ampliar los cortes que entran en el precio de referencia y, por lo tanto, quien no cumpla debe ser sancionado", indicó la fuente oficial.

La Secretaría dictó el viernes una resolución que restablece en forma completa la ley de abastecimiento, sancionada en 1974 y que en su artículo quinto establece multas, clausura durante 90 días, inhabilitación de hasta dos años a los infractores para el uso y renovación de créditos, decomiso de las mercaderías, inhabilitación de uno a cinco años y penas de prisión de seis meses a cuatro años. "Esperemos que no sea necesario sancionar a nadie; de hecho, la carne bajó hoy [por ayer]en los supermercados y esperamos que desde mañana [por hoy]comience a bajar en las carnicerías", concluyó la calificada fuente oficial.

En este sentido, los abogados Daniel Sabsay y Gregorio Badeni indicaron a LA NACION que la situación económica actual "no justifica" la aplicación de esta normativa, que podría ser considerada "inconstitucional" por la Justicia. Sabsay sostuvo que en "el marco actual es irrazonable: no hay proporcionalidad entre medios y fines. Además, es muy criticable que no se haya hecho a través de los legisladores, sino por medio de una resolución del Ejecutivo, ya que se definen modalidades y normas de consecuencias muy serias para la defensa de derechos fundamentales", sentenció.

Al respecto, el abogado agregó que si la normativa se aplica "sería seriamente anticonstitucional, ya que es muy grave utilizar una norma de excepción que debería aplicarse con enorme cuidado".

En la misma sintonía, Badeni sostuvo que la decisión oficial "no tiene ninguna justificación porque no hay grave emergencia económica". En cuanto a las consecuencias que generará esta resolución, Badeni dijo que "si nadie cuestiona estas medidas ante la Justicia, la transparencia del mercado de las carnes se verá atrofiada".

En cambio, su par Andrés Gil Domínguez dijo que es constitucional "fijar una política razonable de precios máximos, aunque hay que ver si al menos se puede recuperar el costo de la inversión. En la medida en que el precio máximo impida una ganancia lícita, afecta el derecho de la propiedad; de otro modo, puede aplicarse, aunque desde el punto de vista económico estas herramientas hayan fracasado", aclaró.

Fuente: La Nación