La clara mayoría oficialista en el Senado descarta que se introduzcan modificaciones sustanciales al

proyecto de ley que se espera cuente con el apoyo de empresarios y sindicalistas una vez ingresado.

La oposición inicial de los empresarios a introducir modificaciones al sistema de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ha ido cediendo, a partir de septiembre de 2004, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las normas que prohíben a los trabajadores el acceso a la justicia y deben aceptar, como

única opción, las indemnizaciones y rentas tarifadas quedándoles vedado reclamar indemnizaciones de acuerdo a la pautas de la reparación del daño del Derecho Civil.

La situación creada por los fallos de la Corte generó una enorme preocupación e incertidumbre entre los empresarios, sensaciones que se convirtieron en indefensión ante la poca posibilidad de previsión empresaria frente a un accidente de trabajo cuyo riesgo se suponía cubierto por la legislación vigente y que ahora ya no lo

estaba. La realidad y el tembladeral jurídico que se avecinaba puso a los responsables de trabajo, salud y economía a trabajar sobre la reforma al sistema.

Dentro de los objetivos del proyecto que hoy circula se pone especial énfasis en la prevención, mediante la recuperación de la función de control por parte del Estado, el fortalecimiento del compromiso de los empleadores y de las propias ART en materia de detección y prevención de riesgos. Se propone la reincorporación de los trabajadores accidentados o enfermos y la reparación del daño, mediante el pago de

una indemnización adecuada y rápida.

Para ello se establece una mejora en las prestaciones en dinero y en las indemnizaciones, cambiando la fórmula de cálculo de modo que el sistema resulte equitativo y desanime a los trabajadores a emprender litigiosidades innecesarias.

El gobierno nacional aspira a que con este proyecto los empleadores tengan previsibilidad sobre costos e inversiones, cuenten con reglas claras y con la posibilidad de cuantificar previamente todos los componentes del sistema. Para ello, se elimina la prohibición de contratar un seguro para aquellos reclamos que provengan de acciones civiles.

Atendiendo, en parte, la doctrina sentada por la Corte, los trabajadores podrán, una vez conocido con certeza el monto a percibir por las indemnizaciones del sistema, optar por aceptarlo o iniciar una acción civil, siendo dicha opción excluyente. En este punto, las interpretaciones se bifurcan. Mientras algunos sostienen que un

trabajador accidentado o su familia no cuenta con la tranquilidad suficiente para optar debido a su estado de necesidad, otros aseguran que la solución propuesta no superaría las hipótesis de inconstitucionalidad ya planteadas por la Corte.

De la forma en que esta discusión sea saldada, dependerá el éxito de la futura legislación sobre accidentes de trabajo. Y no es una cuestión menor, dar previsibilidad a la cuestión laboral no solo es proteger la salud y seguridad de los trabajadores sino es dar un marco jurídico estable para que crezcan las inversiones

productivas, únicas generadoras de empleo genuino y de calidad.

Los tiempos se acortan, empleadores y trabajadores exigen que quienes los representan encuentren una legislación laboral que termine con los históricos zigzagueos y las prepotencias o los abusos de unos y de otros, según los vientos que soplen. No hay tiempo tampoco para que se sancione una ley que luego resulte inaplicable por inconstitucional.

La construcción de un consenso en este tema entre los tres poderes del Estado, los empresarios y los representantes de los trabajadores resulta una condición necesaria para consolidar el crecimiento económico con equidad social. Mas cuando aún existen materias pendientes a resolver como el trabajo informal, el trabajo en negro y la desocupación.