Molestos porque, según dicen, los grandes pools de siembra que van a producir a sus localidades se llevan la riqueza que obtienen allí sin generar ningún movimiento económico local, un grupo de intendentes del sudeste bonaerense busca limitar la acción de estos actores, de modo que reinviertan allí parte de sus ganancias.

El crecimiento de la soja y los buenos precios de los commodities provocaron una verdadera explosión de pools (fondos de inversión y empresas que siembran gran cantidad de hectáreas en distintas regiones).

Atentos a ese fenómeno, el viernes pasado funcionarios municipales de Lobería, Necochea, Balcarce, Tres Arroyos, Gonzales Chaves, Benito Juárez y San Cayetano se reunieron en esta última localidad para unificar criterios en cuanto a una posible regulación de la actividad de estas empresas, vía el pedido de modificación de alguna ley o sanción de otra. Hablaron, además, con el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Raúl Rivara, quien se habría comprometido a analizar el tema.

"Es un negocio legítimo el que hacen los pools , pero nosotros queremos defendernos del problema social que se nos crea en cada ciudad cuando no emplean a nadie, no compran insumos ni gasoil aquí ni venden sus granos con los operadores locales o no usan las empresas de transporte. El día que necesitan gente, hasta los cattering se traen de afuera. Se está hablando de que ya no pasan por aquí entre 60 y 70 millones de pesos", dijo a LA NACION Miguel Stornini, intendente de San Cayetano (PJ-FPV).

En otras localidades también se escuchan críticas similares. "Estamos viendo de qué manera el gobierno provincial puede establecer alguna restricción para que quede en el lugar parte del dividendo de esa producción", subrayó Hugo Rodríguez, intendente de Lobería (FPV).

Parte de esta preocupación es compartida por los productores. "Es un problema que cada vez se complica más; esta gente (por los pools y grandes empresas de siembra) paga arrendamientos que nosotros no podemos pagar y se quedan con los campos. Pagan arrendamientos de 600 pesos, cuando aquí lo histórico eran 240-300 pesos", indicó Sergio Melgarejo, presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano.

Las quejas no provienen sólo de intendentes de extracción kirchnerista. También las hay de jefes comunales de otro color partidario, como movimientos vecinalistas. "En los noventa por lo menos ocupaban a contratistas [de maquinaria]de la zona; ahora, ni eso. No es ilegal lo que hacen, pero no es conveniente para nuestras economías", afirmó Carlos Alberto Sánchez, intendente de Tres Arroyos (Movimiento Vecinal).

Sorpresa

Gustavo Grobocopatel, gerente general de Los Grobo, empresa que siembra unas 3000 hectáreas en Tres Arroyos, sobre 450.000 que tiene el partido, y alrededor de 2000 en San Cayetano, se mostró sorprendido por el planteo de los intendentes.

"Es tan absurdo que no sé qué decir. Si esta propuesta llega a prosperar en toda la Argentina, cada uno sólo podrá sembrar dentro de su partido. Hay camiones de Tres Arroyos trabajando conmigo en Bahía Blanca", se defendió Grobocopatel. Y agregó: "Estoy dispuesto a debatir con los intendentes y a demostrar que gracias a gente como nosotros no se remataron campos, que se mantuvieron en manos de los productores".

Recientemente el productor construyó plantas cerealeras en las localidades de Saladillo, San Miguel del Monte y San Pedro, y acaba de inaugurar en Río Cuarto una empresa agrícola que demandó un desembolso de 40 millones de dólares junto con otros inversores.