Cansado de esperar que el Estado tome la voz cantante en el asunto, y temeroso de que prosperen algunas iniciativas sumamente restrictivas presentadas por legisladores de todo tipo y color, el sector privado decidió presentar su propia ley para regular las aplicaciones con agroquímicos.

Se trata de una gran deuda pendiente que el Congreso Nacional discuta una normativa sobre una de las controversias ambientales más calientes que afectan al sector agropecuario. Es, a los ojos del sector, un asunto prioritario porque al calor esta larga indefinición han prosperado gran cantidad de normativas municipales y provinciales que son sumamente prohibitivas. El argumento central de estas restricciones es que los agroquímicos dañan el ambiente y la salud de las personas. Una ley nacional ayudaría a ordenar este caos en la legislación y en todo caso a ayudar a definir criterios que permitan minimizar los riesgos.

La Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) es un conglomerado que agrupa a 90 organizaciones, algunas profesionales y empresarias, y algunas de neto corte público. Coordinado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el espacio incluso contiene al Ministerio de Agricultura de la Nación y a varias provincias. Aquí la idea que prima es que los fitosanitarios (remedios para las plantas), como cualquier otro insumo de origen químico, puede ser peligroso pero solo si se hacen las cosas mal. Por eso lo de Buenas Prácticas. Impera la idea de que si el sector agrícola argentino hace bien las cosas, como en otros países del mundo, no hay por qué tener temores.

“Las aplicaciones de fitosanitarios son un tema controversial que genera preocupación en la sociedad. Desde la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, un espacio de diálogo y consenso con más de 90 instituciones públicas y privadas de Argentina, tomamos el compromiso y trabajamos en un proyecto de ley que ordena, regula y controla esta actividad en todo el territorio nacional”, anunció ese bloque en un comunicado de prensa en el que no se dan demasiados detalles sobre el anteproyecto.

La cuestión que más se discute es si hay que imponer zonas “buffer” o prohibiciones para este uso de insumos agrícolas en torno a zonas pobladas, cursos de agua o escuelas rurales. La Rd BPA viene trabajando para demostrar, sin mucho éxito por cierto, que si se cumplen ciertas prácticas y las aplicaciones se hacen con criterios profesionales, esas franjas no deberían ser de más de 50 o 100 metros. Pero en la mayoría de los casos hay desconfianza y los municipios avanzan con restricciones mucho mayores a esas. Algunos han prohibido inclusive las aplicaciones aéreas que son comunes en todos los países agrícolas del mundo.

A modo de ejemplo, y parea tener dimensión de lo lejos que están las posiciones, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el oficialista Leonardo Grosso, presentó un proyecto de ley que definiría la prohibición de aplicaciones de agroquímicos con aviones fumigadores y pretende establecer “la prohibición de la aplicación terrestre, manual o mecánica a menos de 1.500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales y asentamientos humanos”. Esto dejaría una gran cantidad de tierra fuera de producción con los métodos convencionales.

Por eso, cansado de esperar que sean los políticos los que resuelvan el mejor marco legal (en el gobierno de Cambiemos hubo un intento de legislar que no prosperó), y para propiciar un debate que incluya una mirada productivista, la Red BPA decidió presentar su propio texto. La organización dijo que detrás de ese proyecto “está el esfuerzo y la responsabilidad de toda la cadena agroindustrial y sectores afines por seguir el camino de las buenas prácticas y el compromiso por un desarrollo sostenible en nuestro país”.

“Este proyecto viene a ser un puente entre el campo y la sociedad, porque entiende las inquietudes de los vecinos y de los consumidores, y la necesidad de que haya una producción eficiente, ordenada y segura para la salud y el ambiente”, indicó el comunicado de la Red BPA, que además contó que la iniciativa llevó “dos años de trabajo público-privado”.

“Se trata del primer proyecto que muestra el consenso entre todos los actores del campo y la cadena agroindustrial, ya que participaron más de 90 instituciones como asociaciones de productores pequeños, medianos y grandes, gremiales, aplicadores, industria, bolsas de comercio y de cereales, organismos públicos de ciencia y tecnología, Estado Nacional y Provincias”, determinó el parte de prensa. Habrá que pulsar si finalmente instituciones como el Ministerio de Agricultura, el INTA o el Senasa finalmente suscriben este posición.

Juan Brihet, el coordinador de la Red BPA, explicó a Bichos de Campo que el “Proyecto de Ley de presupuestos mínimos para la Gestión de Productos Fitosanitarios” no solo habla de los cultivos centrales de la economía agraria nacional, básicamente los granos, sino que aborda todas las economías regionales, como por ejemplo la fruticultura y la horticultura. También destacó que abarca todos los aspectos que están en discusión. No prohíbe. “Ordena, articula, profesionaliza, controla y sanciona”.

La iniciativa, según informó la Red BPA, “ordena todas las áreas productivas, principalmente las periurbanas, a partir de zonas sensibles y de amortiguamiento”.

En este aspecto, Brihet contó que lo que proponen el proyecto es la definición de dos zonas, una “sensible” y otra “de amortiguamiento”. La primera debería ser de solo 10 metros para las aplicaciones terrestres y de 45 metros para las aéreas. Pero a esas zonas se anexarían zonas de amortiguamiento con pautas específicas para que las poblaciones urbanas no corran ningún riesgo. Aquí la normativa propone la creación de la figura de un “fiscalizador” puesto por el municipio, que tendría la tarea de control sobre la aplicación.

También en esta ley se formalizarían otras dos figuras claves en el proceso: la de los asesores técnicos que deberán hacerse responsables de cada aplicación y serán quienes hagan las recetas fitosanitarias. Y la de los operadores registrados, puesto que se buscará “profesionalizar la actividad” de los aplicadores, creando registros y habilitaciones para aplicadores, maquinarias y empresas.

La idea es que cuando las cosas están claras, el agro hace las cosas bien. La propia cadena agrícola propone con la figura del fiscalizador que “se sancione a todas las personas que no cumplan con la normativa”.

“Aún queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de que este proyecto de ley marca un hito en términos de consenso y compromiso en Argentina. Desde la Red BPA se sigue trabajando con todos los actores para lograr que se cumplan los requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente y las personas”, se ilusionó el documento.

Fuente: Matías Longoni /Bichos del Campo