La Federación de Acopiadores de Granos se manifestó en estado de alerta ante el pedido de un grupo de empresas exportadoras multinacionales que comenzaron a exigir que los acopios y cooperativas les informen las hectáreas sembrada con soja de cada productor, el nombre de cada establecimiento, la localidad y provincia del campo, así como el Renspa del productor que comercializa su grano a través de acopios y cooperativas.

Denunciaron que de esta forma “se obligaría a todos los productores que venden directamente, a brindar información que es confidencial y que nada tiene que ver con sus operaciones específicas".

“En la historia de nuestro mercado de granos han existido múltiples discusiones y hasta presentaciones en organismos públicos sobre diversos aspectos relacionados con el comercio de granos y la actividad de las empresas exportadoras. Pero jamás pasó por la imaginación de alguien que la exportación pudiera llegar a exigir, coercitivamente, que los acopios y cooperativas les informen la cartera de sus clientes, violentando el principio elemental de preservación y protección de los datos comerciales de cada cliente”, sostienen desde la entidad que nuclea a los acopiadores.

“La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores argentinos”, señalan desde la Federación de Acopiadores. Y acotaron: “Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas para ejercer un dominio total del mercado granario”.

La entidad califica la maniobra como “inviable, ofensiva, innecesaria e ilegal”. En ese sentido apuntaron: “Es inviable técnicamente informar que los camiones con granos que salen de una planta de acopio corresponden específicamente a determinado productor/cliente que los hubiese originado. Ofensiva porque vulnera el principio elemental de protección de datos comerciales y la confidencialidad de los clientes. Innecesaria porque ya existen mecanismos confiables para certificar compromisos ambientales internacionales, como el sistema Visec, coordinado por actores del propio sector exportador, que resguarda el secreto comercial mediante datos encriptados. E ilegal, porque la exigencia violaría la ley de protección de datos personales 25.326 y disposiciones del decreto 274/2019 de lealtad comercial”.