La Cámara de Senadores de Entre Ríos sancionó el proyecto de ley que crea el Régimen de Consorcios Camineros, aprobado en general por unanimidad. El senador Jaime Benedetti destacó que los consorcios camineros constituyen una herramienta de participación público-privada que ya funciona en distintos puntos de la provincia, aunque con “dificultades” derivadas del marco normativo vigente. Señaló que el proyecto busca “flexibilizar los requisitos” para su constitución y reducir las trabas “burocráticas”. A su vez, cuestionó las “demoras” vinculadas a los procedimientos de la Ley de Obras Públicas, razón por la que expresó: “Hace que sea muy difícil atender la urgencia sin los recursos adecuados”.

Por otro lado, Benedetti aclaró que no se trata de una herramienta para “obras grandes” y sostuvo: “No es verdad que reemplace al empleo público. Nunca va a dejar de estar bajo la fiscalización y control de Vialidad”. Finalmente, vinculó la iniciativa con el desarrollo de la ruralidad y el acceso a servicios esenciales: “Es un reclamo muy sentido de todos los vecinos”, afirmó, al destacar la importancia de los caminos para garantizar el traslado y el acceso a la salud y la educación.

A su turno, el senador Juan Diego Conti consideró que el proyecto responde a una demanda de productores y familias de las zonas rurales, que “necesitan caminos transitables” para la producción y para acceder a servicios esenciales. “Esa demanda es totalmente legítima, la escuchamos y trabajamos en base a ella”, sostuvo. Sin embargo, planteó reparos a algunos artículos, especialmente por la falta de precisiones sobre el rol futuro del personal de la Dirección Provincial de Vialidad. “Son quienes conocen cada tramo, cada productor, y tienen asentamiento a lo largo y ancho de la provincia. Ese conocimiento no se improvisa”, afirmó. Remarcó, además, que una ley sobre los caminos provinciales “no puede dejar de interesar a quienes lo sostienen todos los días, ni abrir la puerta a que el Estado pierda el control sobre su propio recurso”.

El senador Víctor Sanzberro cuestionó que el Senado avanzara sobre el texto con media sanción de Diputados sin incorporar los aportes construidos durante el trabajo en las tres comisiones que analizaron la iniciativa. Señaló que el proyecto amplía las facultades de los consorcios a la construcción de obras y tramos de la red secundaria y los exceptúa de la Ley de Obras Públicas. “Los consorcios no deben, no tienen y no pueden ser el atajo legal”, afirmó. También defendió mayores controles sobre los recursos públicos y una delimitación clara entre las funciones de los consorcios y las de Vialidad: “El consorcio tiene que ser complementario al Estado, jamás un sustituto”.

El proyecto impulsado por el oficialismo contempló intervenciones sobre la red vial terciaria, comunal o vecinal. También previó trabajos en tramos de la red secundaria mediante acuerdos con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que conservará su función como autoridad de aplicación y organismo de control.

Los consorcios serán entidades de bien público y de servicios a la comunidad. Según el planteo oficial, el esquema permitirá sumar la participación de productores y vecinos en el mantenimiento de la red vial, sin reemplazar el empleo público.

Uno de los puntos centrales del régimen fue la autorización para que Vialidad contrate directamente a los consorcios. Los trabajos quedarán fuera del procedimiento establecido por la Ley de Obras Públicas N° 6.351 y se regirán por la nueva normativa, su reglamentación y los convenios o contratos correspondientes.

El pago por mantenimiento y conservación se calculará según los kilómetros asignados, con valores y mecanismos de actualización que deberá establecer la autoridad de aplicación. Municipios, comunas y juntas de gobierno también podrán contratar directamente estas tareas, siempre que sus normas lo permitan y no se afecte la finalidad de los consorcios.

Además de atender caminos, las entidades podrán ejecutar alcantarillas, puentes y obras de seguridad vial, así como tareas de escurrimiento, señalización y forestación. También podrán trabajar en propiedades privadas mediante contratos aprobados por dos tercios de su Comisión Directiva, con una contraprestación en dinero o en especie.

El financiamiento tendrá como una de sus fuentes al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial. Los recursos se distribuirán anualmente entre los consorcios reconocidos y las zonales de la DPV, en proporción a los kilómetros de caminos secundarios y terciarios bajo su responsabilidad. La reglamentación también deberá considerar el clima y el tipo de suelo.

Para el mantenimiento periódico de caminos de tierra, ripio, broza u otros mejorados, Vialidad podrá financiar hasta el 80% del costo. El resto deberá cubrirse con otras fuentes contempladas por la ley, entre ellas aportes privados. Para otras obras viales, la participación del organismo podrá alcanzar el 85%.

La DPV también podrá alquilar, vender o ceder temporalmente equipos y aportar materiales, insumos y asistencia técnica. La maquinaria entregada en cesión no podrá convertirse en una donación y su mantenimiento y reparación quedarán a cargo de los consorcios, bajo control provincial.

La conformación requerirá una Comisión Promotora de al menos siete integrantes, una nómina de por lo menos 20 futuros socios activos y un croquis de los caminos que pretende atender. Vialidad dispondrá de hasta 60 días para resolver, mediante una decisión fundada, si considera viable la propuesta.

Ante un rechazo, los promotores podrán corregir las observaciones y presentar nuevamente la solicitud. Si la segunda respuesta también fuera negativa, tendrán la posibilidad de recurrir al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Con la autorización de la DPV, podrán tramitar la personería jurídica como entidad sin fines de lucro.

Podrán ser socios activos los propietarios, arrendatarios e inquilinos de inmuebles rurales ubicados dentro de la jurisdicción o a una distancia de hasta 50 kilómetros de los caminos mantenidos. El esquema también incorporará representantes de municipios, comunas y juntas de gobierno con voz y voto en la Comisión Directiva.

La ley asignó a la DPV el control técnico, contable y administrativo de los consorcios y sus obras, con acceso a sus registros financieros, administrativos y de personal. Cuando administren fondos o bienes públicos, también quedarán sujetos al control externo del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Las entidades podrán ejecutar trabajos por sí mismas o mediante terceros y elaborar proyectos, aunque deberán someterlos a la aprobación técnica de Vialidad. Ante incumplimientos, acefalía o violaciones de la normativa, la DPV podrá disponer una intervención por tres meses, prorrogable por otro período igual.

El interventor deberá pertenecer a Vialidad y tendrá las atribuciones de la Comisión Directiva. Si un consorcio se disuelve definitivamente y pierde su personería jurídica, sus bienes serán transferidos al organismo provincial.

Durante el tratamiento de la iniciativa, trabajadores de Vialidad protestaron frente a Casa de Gobierno. El Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) vinculó el régimen con un proceso de tercerización y advirtió sobre una posible reducción de la capacidad operativa de la repartición, en el marco de la reestructuración impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio.

Desde el peronismo acompañaron la aprobación en general, aunque rechazaron algunos artículos. Sus planteos incluyeron mayores controles sobre los fondos, certificaciones técnicas y autorizaciones previas a los pagos, además de garantías para la estabilidad laboral y contra eventuales cierres de zonales o reducciones de personal.

También reclamaron priorizar la ejecución de obras por administración directa antes de transferir tareas o maquinaria a los consorcios. A esos pedidos sumaron mecanismos de información periódica a la Legislatura sobre los recursos destinados al nuevo régimen.