Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su “profunda preocupación” ante el proyecto de ley que está en debate en el Congreso y que incorpora la figura del denominado “ecocidio” al Código Penal Argentino.

Se trata de una iniciativa que obtuvo dictamen favorable en junio pasado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, y que sería tratado en la próxima sesión legislativa.

Precisamente, hace dos meses, el avance de esta propuesta en el Senado fue considerada un peligro también por el Consejo Agroindustrial Argentino y la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios.

Al dar a conocer su posición, CRA reconoció que la protección del ambiente constituye un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad.

Sin embargo, consideró que ese propósito “no puede servir de fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional”.

En este punto, desde las Confederaciones recordaron que la Argentina cuenta con un amplio entramado normativo, integrado por la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y numerosas leyes provinciales que prevén mecanismos de prevención, reparación y sanción frente a los daños ambientales.

“El verdadero desafío no es crear nuevos delitos con definiciones ambiguas, sino hacer cumplir eficazmente la legislación vigente”, añadieron.

Según CRA, el proyecto incorpora conceptos vagos e indeterminados como “daño ambiental irreversible”, “equidad intergeneracional” o “afectación multiecosistémica”, sin parámetros objetivos que permitan conocer con precisión qué conductas serán consideradas delito.

“Esa indeterminación vulnera el principio de legalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y debilita una garantía esencial de todos los ciudadanos: la previsibilidad frente al poder punitivo del Estado”, resaltó la entidad.

También aportó: “A ello se suma que la iniciativa configura una ley penal en blanco, al remitir la definición del delito a normas nacionales, provinciales o incluso municipales. De este modo, una misma conducta podría ser considerada delito en una jurisdicción y no en otra, afectando la igualdad ante la ley y comprometiendo la uniformidad que debe caracterizar al derecho penal argentino”.

Por otro lado, CRA tildó de “preocupante” la amplitud de las penas previstas y la posibilidad de que productores, empresas, trabajadores, funcionarios y responsables técnicos sean sometidos a procesos penales por decisiones adoptadas dentro del marco de actividades lícitas y reguladas.