La preocupación por los frecuentes casos de inseguridad rural que se sufren en todo el país llevó a que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) impulsara un proyecto de ley para tipificar y endurecer penas por este tipo de delitos, que ahora comenzó a debatirse en el Congreso y que podría ser aprobado en breve.

Esa es la sensación que quedó este martes, tras una reunión organizada por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde el tema fue puesto en debate, para intentar consensuar una normativa que llegue al recinto.

Según informaron desde la Fundación Barbechando, entidad que sigue de cerca todo lo que sucedeen el Congreso con relación a temas agropecuarios y agroindustriales, el proyecto tiene las siguientes características:

Crea la figura de intrusión rural, con penas de 1 mes a 1 año de prisión para quien ingrese sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. “Este, que fue uno de los puntos más valorados por el sector, porque va a permitir que las fuerzas de seguridad actúen ante el merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento previo a robos, sin necesidad de esperar a que el delito ya se haya consumado”, señaló Barbechando.

Crea la figura de daño agravado, con penas de 2 a 8 años de prisión y multas de entre 3 y 12 veces el valor del daño causado, incorporando expresamente sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados como bienes protegidos. La pena mínima se duplica cuando el autor es un funcionario público o una persona vinculada habitualmente a la actividad agropecuaria.

Una de las bases de las modificaciones planteadas está, precisamente, en que la falta de tipificación de estos delitos hace que existen distorsiones inaceptables: por ejemplo, hoy, dañar un silo bolsa cargado con toneladas de granos con el consiguiente impacto económico millonario que eso significa, puede recibir el mismo tratamiento penal que un simple rayón a un automóvil.

En este sentido, desde Barbechando remarcaron que “hay un aspecto que es clave y hasta ahora ausente del debate público: la afectación real de estos delitos no se mide por el valor de reposición de un bien, sino por su función dentro del sistema productivo”.

La Fundación citó como ejemplo el daño a una bomba de agua, capaz de comprometer el acceso al recurso de un rodeo completo —una vaca de cría puede necesitar entre 50 y 70 litros diarios en verano—, pudiendo generar grandes daños.

Por otro lado, el proyecto también actualiza el delito de instigación pública, elevando la pena a 2 a 6 años de prisión para quien incite a cometer estos delitos, con una triplicación de la pena cuando la incitación se difunde por redes sociales o medios de comunicación masiva.

Desde el sector remarcaron la importancia de esta actualización en un contexto en el que la organización de hechos delictivos rurales encuentra en las plataformas digitales un canal de amplificación cada vez más determinante.

En este marco, según Barbechando, durante el debate en la Comisión de Agricultura, la Mesa de Enlace dio su pleno apoyo al tema y la defensa de la igualdad: “Los que viven en el campo tienen que tener los mismos derechos que los que viven en las urbes”, enfatizaron.