Como un equilibrista frente a una prueba difícil, Alberto Fernández busca una salida para el asunto Vicentin que le evite trastabillar en el camino. Debe buscar una alternativa que le permita conseguir los votos que necesita en Diputados, intentar poner de su lado a los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba), y conformar a los actores de su coalición de gobierno, especialmente al kirchnerismo, que fue quien impulsó la idea de la expropiación. Todo ello sorteando eventuales planteos judiciales. En Olivos insisten con que la expropiación de Vicentin "no obedece a cuestiones ideológicas" sino que es "la única herramienta jurídica válida" para avanzar. "Si alguien nos trae una alternativa superadora estamos dispuestos a escucharla", repiten como mantra cerca del Presidente.

El proyecto de expropiación está bajo estudio de dos funcionarias técnicas del gabinete, que intercambian documentos y borradores, pero el Gobierno aún no le pone fecha de envío al Congreso, ni confirma cuál será la cámara de origen. La intervención, de hecho, es por 60 días, mientras sigue el concurso de acreedores en la Justicia.

"Es muy probable que al final encontremos una salida público-privada", dijo a Maia Jastreblansky de LA NACION un alto funcionario del Gobierno.

Hoy, el Gobierno, que se muestra flexible a nuevas ideas, evalúa dos opciones. Por un lado está la opción anunciada por el Presidente el día uno: la expropiación y posterior conformación de un fideicomiso para que sea administrado por una nueva sociedad, YPF Agro SA.

Pero en las últimas horas tomó fuerza una segunda opción vinculada a la posibilidad de establecer una asociación público-privada para administrar a la cerealera, con la participación del Estado nacional, las cooperativas de pequeños productores que son proveedoras y acreedoras de la compañía y, eventualmente, la provincia de Santa Fe, donde opera la empresa.

Para esta segunda opción, el Gobierno insiste en que es necesario que primero haya una expropiación, mientras que Perotti quisiera evitar ese paso.

Expropiación + YPF Agro

Este fue el anuncio que hizo Fernández el lunes de la semana pasada, cuando sorprendió a todos los actores que estaban en la mesa del conflicto Vicentin. Es la idea que figura en los papers internos que formuló el interventor designado por DNU, Gabriel Delgado, y en el documento que circuló entre los legisladores del Frente de Todos para defender la iniciativa.

La propuesta consiste en hacer una expropiación de Vicentin bajo el paraguas de la Ley 21.499, de 1977, que prevé la declaración de la utilidad pública como fundamento legal a la expropiación de un bien. En texto que circuló en el Frente de Todos señala que "pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no".

En ese sentido, el documento del oficialismo argumenta: "En nuestro caso el bien susceptible de expropiación es una sociedad comercial cuyo objeto se orienta a la producción y comercialización de granos, de allí la utilidad en un contexto falencial de la empresa y de grave situación económica producto de una herencia desastrosa del macrismo y la pandemia".

A partir de la expropiación, siempre de acuerdo a los papeles del Gobierno, se conformaría un fideicomiso. YPF Agro , el departamento de YPF que hoy se dedica al canje de granos por biodiésel y fertilizantes, pasaría a ser una sociedad anónima que administraría el fideicomiso Vicentin. De esta manera el Estado nacional tendría pleno control sobre la compañía.

Sociedad mixta

Una idea que cobró fuerza en las últimas horas, más alineada con el gobernador Perotti, es pensar en una administración mixta, de participación público-privada donde el Estado nacional tenga una participación por la mayoría, pero donde también participen cooperativas de pequeños y medianos productores, como la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), Agricultores Federados Argentinos (AFA), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe). Eventualmente, en un intento por convencer a los gobernadores, también podría participar la provincia de Santa Fe.

"Es muy probable que al final encontremos una salida público-privada", dijo a LA NACION un alto funcionario del Gobierno.

En este caso, al menos hasta ahora, el Gobierno sigue planteando la necesidad de que, primero, exista una ley de expropiación.

¿Por qué el Gobierno insiste con la expropiación? Cerca de Fernández ensayan varios argumentos. "La empresa está investigada en una causa penal y por ello el Estado no puede asociarse con los actuales accionistas de Vicentin", señalan.

Y agregan: "Además, hoy el Estado no es el único ni el principal acreedor, por lo que tiene que haber una herramienta distinta a un acuerdo de acreedores". El último motivo que esgrimen es que "se requiere reestablecer la confianza con los proveedores y preservar los activos de la empresa".

"Si aparece una propuesta superadora, por supuesto la vamos a tomar en cuenta", insisten en Olivos.

Perotti está más alineado con esta alternativa, aunque contrario a la expropiación. De todas, formas, el gobernador no tiene intención de pararse en la vereda de enfrente del Gobierno.

La postura de Vicentin

En Vicentin explican que la compañía llegó a una situación de estrés financiero porque se endeudó en dólares para invertir en su expansión industrial, pero no logró hacer un recupero de esas inversiones. En ese sentido insiste que la cancelación del pasivo debe estar en el sector privado, para que el flujo de las operaciones permita el repago de la deuda.

Es por eso que mientras que empezaron a recibir propuestas de distintos interesados (grupos privados nacionales y extranjeros), Vicentin había buscado un contacto con YPF Agro para ofrecer un acuerdo que contemple un canje de acciones con el Estado nacional y con las cooperativas acreedoras, para que entren en el capital de la compañía.

Con el diálogo con el Gobierno cortado, los dueños de Vicentin tienen decidido desplegar una contraofensiva judicial para atacar la intervención que comenzó al jueves pasado.