Las cadenas agroalimentarias que se desarrollan en Entre Ríos son dependientes de la utilización de productos fitosanitarios (agroquímicos, plaguicidas) para alcanzar las metas previstas. Ellas son producir alimentos en cantidad y calidad conforme a los sistemas de utilización.

Respecto a la calidad de vida, en este artículo sólo se analiza el impacto de las aplicaciones de agroquímicos en las áreas rurales que conforman el contorno de cualquier pueblo o ciudad de nuestra provincia.

Las actividades productivas primarias e industriales tienen una misión fundamental: generar alimentos y producir manufacturas indispensables para la comunidad. En ese sentido, y en particular aquellas producciones ligadas al campo, presentan un desarrollo tecnológico que aseguran la utilización de los recursos naturales con el menor grado de deterioro y escasa generación de residuos.

Es necesario destacar que el problema ambiental no debe analizarse como un conflicto entre zonas (urbana versus rural) sino desde la perspectiva compleja que abarca lo social, lo económico y lo ecológico o ambiental. En esa lógica, el municipio debe contemplar también los problemas ambientales generados en y desde lo urbano, como por ejemplo, los residuos sólidos (los basurales a cielo abierto) y los efluentes cloacales, que normalmente, impactan en un arroyo o río del área rural y periurbana.

Por lo tanto, el desarrollo sustentable de la población implica la utilización de un recurso para generar bienes y servicios necesarios para el hombre, pero manteniendo su aptitud de uso y minimizando todas las acciones que conlleven a su deterioro, de tal modo de asegurar los mismos para las futuras generaciones.

Quienes viven en los municipios seguramente trabajan la tierra y generan riquezas para toda la comunidad. Por lo tanto es necesario regular las acciones o actividades que se desarrollen en el área rural, para que no se generen riesgos o problemas de contaminación ambiental.

El marco para la protección del ambiente y para el resguardo de la salud de los habitantes está dado por la Constitución Nacional que en su artículo 41 establece: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…”. Ley General del Ambiente, por su lado, establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”.

En la provincia. El marco legal para la protección de los cultivos en nuestra provincia está dado por la Ley de Plaguicidas Nº 6.599, que propone la protección de la producción agrícola preservando la salud de la población a través de la correcta utilización de productos fitosanitarios, evitando la contaminación del ambiente y de los alimentos.

En ese contexto, el punto de debate es la prohibición de las aplicaciones de agroquímicos, ya sea por un medio específico (aeronaves: proyecto de ley De la Fuente) y/o en el entorno de un municipio en un radio que se plantea hasta los 500 metros (Ordenanza Municipal de Viale), estableciéndose una zona de “resguardo ambiental”.

Se aduce que las pulverizaciones en lotes cercanos a lugares habitados “…impiden a los ciudadanos el ejercicio integral de los derechos personales y colectivos básicos y afectan el modo de vivir, relacionarse y desarrollar sus capacidades”.

Esos derechos, tan enérgicamente defendidos y difundidos, sin embargo, parecerían no contemplar a los productores agropecuarios dado que se pretende prohibir la pulverización con plaguicidas en sus lotes cultivados aunque se utilice para ello productos de uso autorizado, personal habilitado para realizar las aspersiones y aplicación condicionada a la intervención de un profesional de la Agronomía (receta agronómica).

La ocurrencia de pulverizaciones con plaguicidas en zonas periurbanas se debe, entre otras causas, a un crecimiento no planificado de las ciudades y los pueblos que irrumpen en lo que originariamente era zona rural. Por ello, los municipios que planifican instalar “zonas de resguardo ambiental” previamente deberían contemplar su crecimiento urbano, en el mediano y largo plazo, para que la estrategia ambiental tenga un sentido y no sea un paliativo que con el tiempo deberá necesariamente ampliar la franja de terreno destinada como “resguardo”.

Es necesario resaltar que la mayoría de los productores hortícolas están localizados en estas áreas, con lo cual la delimitación de zonas de resguardo ambiental, no sólo generaría un problema productivo y social para el hombre de campo y las personas ligadas al sector, sino también para los pobladores de la comunidad. Otro ejemplo comprendería la pérdida de negocios relacionados con el agro u otros, por la disminución del área dedicada a la producción.

Propuestas. La zona de resguardo como alternativa ideal constituiría un “entorno verde” que implicaría el no uso de la tierra con el fin previsto por el productor y la pérdida de su propiedad; por lo tanto, debería existir el respaldo legal, a través de la expropiación u otra figura jurídica, según correspondiere. Más allá del resarcimiento económico, el desarraigo y las consecuencias sociales que todo el planteo traería, terminarían perjudicando a los municipios y, en especial, a aquellos con bajo número de habitantes.

Como alternativa a lo planteado en el párrafo anterior, sería importante y saludable definir pautas generales de trabajo responsable y de convivencia para la protección del ambiente y la disminución de potenciales riesgos para la salud de la población por la utilización de plaguicidas agrícolas.

Entre ellas se señalan algunos aspectos:

• Delimitar los ejidos Municipales y de Juntas de Gobierno, conforme a un plan de crecimiento urbanístico.

• Exigir la aplicación de los recursos regulatorios existentes, en torno a la utilización de fitosanitarios.

• Planificar la utilización de plaguicidas de baja toxicidad para esta zona, elaborando un protocolo que contenga prácticas de manejo sustentable y/o propiciar la sustitución por cultivos menos demandantes de agroquímicos.

• Planificar la implantación de barreras vivas –entorno verde– entre el área agrícola y la zona residencial, para proveer protección a los pobladores de las posibles derivas de pulverización, por acción del viento.

• Planificar, donde sea posible, la instalación de zonas de resguardo ambiental preservando todos los derechos que le caben al propietario de la parcela elegida o lindante con ella.

• Considerar trabajos profesionales que aborden la problemática. A modo de ejemplo, se expone la tabla de distancias desde las zonas periurbanas a los lotes cultivados, sobre la base de la toxicidad de los fitosanitarios, considerada como “orientativa” por sus autores, Alberto Etienott y Augusto Piazza.

Buenas prácticas. La base de una producción sustentable permite el uso de agroquímicos, conforme a las buenas prácticas agrícolas y contemplando las exigencias y restricciones impuesta por ley, para el control de las aplicaciones terrestres o aéreas. Obviamente, estamos hablando de la utilización de productos fitosanitarios permitidos dentro de la cadena agroalimentaria.

Por último, la prohibición de las aplicaciones de agroquímicos no se considera una estrategia ambiental que se corresponda con el desarrollo sustentable de las comunidades, porque genera conflictos que no respetan los derechos de nuestros pueblos, amparados por las leyes vigentes. El desarrollo tecnológico alcanzado en la ciudad y en el campo tanto para la vida, el bienestar y la generación de productos y servicios deben ser considerados como procesos dinámicos de cambio, compatibles con la producción y la conservación de los recursos naturales.

El abordaje de esta problemática planteada desde nuestro ámbito académico, deberá sin duda analizarse con los municipios y otras reparticiones oficiales (Ministerio de Salud), colegios profesionales, ONGs, entidades intermedias y organizaciones de productores.

FUENTE: El Diario – Suplemento Rural