El diputado Luis Basterra, presidente de la Comision de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, precisó que en la agenda legislativa que viene trabajando el Ministerio de Agricultura con el bloque del oficialismo existen tres temas centrales: semillas, agroquímicos y suelos.

Precisamente sobre la problemática de suelos “organizamos un seminario” en el marco de la muestra AgroActiva realizada la semana pasada, en el que participaron técnicos argentinos y también con “la visita de los responsables de la ley de suelos del Uruguay”, apuntó Basterra en diálogo con Casado con el Campo (AM570).

Basterra calificó el seminario como “muy enriquecedor” a partir de una serie de conceptos que se desprenden sobre el tema y que a priori no están presentes en imaginario corriente ni del productor ni del ciudadano común.

El diputado formoseño, ex vicepresidente del Inta, indicó mencionó tres conceptos básicos: el “suelo como capital natural, como bien económico”, y el suelo como objeto de aplicación de una legislación “como fue el aporte de Uruguay”.

Basterra no descartó que antes de fin de año pudiera haber un proyecto presentado desde el oficialismo sobre el tema. “Estamos trabajando sobre un proyecto de un marco normativo entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

Conceptualmente el proyecto se diseña bajo el eje conceptual de que “el suelo es un capital natural del cual podemos extraer renta pero no podemos comernos ese capital”, precisó el diputado. En la Argentina hay un déficit normativo al respecto, “más allá de la ley general de ambiente” que no lo contempla.

Así es que “estamos analizando que (la preservación del capital natural) es una responsabilidad ineludible del que tiene la gestión del suelo: que es no degradarlo”, en otras palabras “que no pierda su capacidad” productiva.

Siguiendo la experiencia de Uruguay, conjugar ese concepto con una normativa “va ameritar un plan (por parte del usuario del suelo) para poder preservar la capacidad del suelo”. Esa capacidad será mensurada con los cuerpos técnicos que tiene el Estado para establecer “cuáles son los indicadores a analizar en cada uno de los casos”.

A partir de allí se podrá “verificar que esos indicadores no bajen, sino que se mantengan y, seguramente, como medidas adicionales a la norma habrá algún incentivo para que esos indicadores mejoren”, precisó Basterra. Sobre esto último hay bajo análisis algún tipo de estímulo impositivo.

En el pasado hubo propuestas legislativas impulsadas por gobernadores de algunas provincias para que el Estado nacional reconociera como regalías (a la manera de las petroleras) el recurso suelo que salía con la exportación de granos y que parcialmente cobraba la Nación vía retenciones.

Basterra aseguró que bajo la mirada conceptual sobre la cual se está trabajando la ley “a ese gobernador le cabría una responsabilidad por haber permitido que se fuguen sus recursos nacionales, y en vez de reclamarle a la Nación tendría que rendir cuentas porque él es el responsable de sus recursos naturales”. En especial luego de la reforma constitucional de 1994.

para los tambos muy pequeños como los que ejemplifica Ocampo de 500 litros diarios, están sentenciados a un destino de desaparición, por buena gestión que hagan. La solución que propone el gerente de APL es precisamente aumentar la escala, ya que no lograrán rentabilidad ni aquí ni en ningún otro lugar del planeta, ya que es una tendencia global.

Un tercer factor es que la concentración de la producción -que también es una tendencia global- favorece al consumidor, pero la contracara es el drama del pequeño productor. Por oposición pagarle más al tambero chico es perjudicar al consumidor y, a la vez, nadar contra la corriente porque si se trata de una tendencia global tarde o temprano ese precio volverá a ser insuficiente.

Diego Ramírez