Un grupo de entidades empresarias hicieron público un documento en el que expresan “preocupación por la sucesión de medidas anunciadas que están acrecentando la crisis de confianza que tienen impacto directo en las inversiones necesarias para el desarrollo de la economía argentina”.

Entre los que firman se cuentan la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos, la Empresaria Hotelera Gastronómica Paraná, las bolsas de Cereales y Comercio de Entre Ríos, la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos, el Consejo Empresario de Entre Ríos, la Federación Agraria Argentina Filial Entre Ríos y la Económica de Entre Ríos, la Rural Argentina y la Unión Industrial de Entre Ríos

Refieren “a un conjunto de políticas tributarias y de control estatal sobre la actividad privada que no solo impide la generación de empleo, sino que amenazan con agravar una situación que ya provocó el cierre de cientos de pymes en los últimos meses”.

Ponderan que “la suba en la presión tributaria en todos los niveles agrega incertidumbre a un escenario difícil. La carga impositiva argentina es marcadamente superior a la de otros países de la región, lo que se agravó tras la salida del consenso fiscal. Las altas tasas en ingresos brutos que rigen en las provincias y las crecientes tasas en los municipios conducen inexorablemente a la desaparición del mercado formal de muchas empresas”.

En relación al proyecto de ley sobre el Impuesto a las Ganancias dejan saber: “Advertimos de que propone un aumento del peso de este tributo sobre las empresas. Esto evidencia la falta de una mirada genuina del problema, que debería abordarse con una reducción del gasto público”.

Definen a la inflación como “un flagelo desde hace años en el país y exige una solución. Todo plan que busque reducirla debe ser consensuado con el sector privado para ser sostenible. El camino de las medidas discrecionales sobre precios máximos es un riesgo para las empresas y torna dificultosa la viabilidad comercial. Más aún, cuando se toman medidas que elevan la imprevisibilidad de los costos, como la decisión de aumentar las tarifas de energía solo para el sector productivo”.

Incluso dicen compartir “la preocupación de entidades y cámaras locales de otras provincias sobre creación reciente del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE). Esta medida no solo implica una nueva carga administrativa para las empresas, sino que es una luz de alerta sobre el ejercicio de la libertad comercial y la intervención del Estado en las decisiones de las empresas”.

Definieron que “las situaciones antes descriptas impactan todas en los costos de las empresas, le restan competitividad y se suman a un conjunto de regulaciones vigentes en materia cambiaria y de comercio exterior que dificultan la llegada de inversiones, desalientan las exportaciones y generan obstáculos para la obtención de insumos y equipamientos importados”.

Y rematan pidiendo “a quienes toca gestionar los destinos del país y tienen la obligación de velar por el bienestar general que extremen la prudencia en este tipo de situaciones. Ponderamos la construcción de consensos para allanar el camino del crecimiento y resaltamos que sin previsibilidad y seguridad jurídica no hay inversión privada y, sin ésta, no puede haber desarrollo ni un futuro mejor para nuestra sociedad”.