Signada por un final comercial abierto, la cosecha de trigo volvió a sentir cimbronazos esta semana y, mientras las cotizaciones mantuvieron al cereal acariciando los 200 dólares por tonelada, se intensificaron las versiones que dan cuenta de una inminente suba en las retenciones que paga la mercadería destinada a la exportación.
Por si faltaba otro remezón fuerte, en el atardecer del jueves, el gobierno intervino nuevamente en la plaza y cerró los registros de ventas al exterior.
Los argumentos oficiales para llegar a esa instancia no resultaron creíbles, especialmente porque nadie se hizo cargo del anuncio, con nombre y apellido, sino que la medida se atribuyó a una supuesta circular de la Dirección de Alimentos de la Nación. El documento en cuestión se difundió y está vigente, dicen los exportadores del circuito granario, quienes, dicho sea de paso, se retiraron silenciosos del mercado inmediatamente después de conocido el anuncio, que se valió del "boca a boca" para entrar en vigencia.
Este silencio generalizado que dominó el comercio de granos es poco creíble; se parece a la calma que suele preceder a la tormenta y deja flotando la sensación de que "algo va a ocurrir"; algo, que aún sin forma, preocupa y es, por lo menos, llamativo: ningún eslabón se desprendió de la cadena para evaluar los dos hechos.
En un escenario de temas virulentos como los que se conocieron esta semana en el mercado de granos, el silencio se extendió al negocio de ganados y carnes, donde se analiza a puertas cerradas un borrador de trabajo que acercó el gobierno, en un intento por reeditar el acuerdo de precios sectoriales, que venció el 31 de diciembre de 2007.
Nadie quiere dejar huellas con ninguna declaración y se transformó en ciclópeo cualquier intento por conocer detalles de la propuesta. Apenas se pudo "orejear" un par de datos: un aumento del 10 por ciento que ya habrían ofrecido las autoridades para que se aplique al valor del kilo de la media res en gancho, y un monto nada despreciable de 180 millones de pesos, que se utilizaría como estímulo para incentivar la producción ganadera.
Los integrantes de la cadena comercial dicen que se tomarán el tiempo necesario antes de consensuar medidas que luego pueden resultar desprolijas. Nadie quiere reeditar el papelón que salió a la luz cuando, hacia fines de 2007, se buscaba acordar precios para la leche y, en medio de bloqueos a usinas y desabastecimiento interno, el recién designado ministro de Economía, Martín Lousteau --antes de asumir--, anunció un valor de referencia para el producto, que se tradujo en un rechazo sectorial generalizado.
Si bien es cierto que hay un plafond de tres o cuatro semanas para sentarse a negociar, el acuerdo tampoco puede demorarse en el tiempo y menos en momentos de recorte cíclico de la oferta vacuna: los precios siguen subiendo para el consumidor y los ánimos se caldean, amenazando con abrir nuevos frentes para el gobierno.
En el primer caso (el mercado triguero), quizás el accionar de las autoridades apuntó a frenar la posibilidad de que los valores sigan subiendo, antes de definir los nuevos guarismos en las retenciones que, por estas horas, se esperan como algo inevitable.
En la temática de las carnes, no faltan quienes deslizan que lo que está en estudio sería un acuerdo con características "especiales y beneficios definidos", por lo cual se demoran las reuniones entre las partes.
Claro que, en ambos casos, también están quienes sostienen que subyace un "desconocimiento absoluto del gobierno" respecto del funcionamiento de los dos mercados y sólo se manejan las variables del temor. Temor a que los precios de harinas y del pan peguen una fuerte estampida y, sin rigor académico, se recurra a la intervención como medida previsora para evitar sustos y valores que, a la sazón, reflejarían los verdaderos índices inflacionarios.
Fuente: La Nueva Provincia
