En el marco de una audiencia de información entre el gobierno y entidades del campo de Gualeguaychú, el titular de la Agencia Tributaria de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, sostuvo que “entendemos que ha quedado palmariamente demostrado que la metodología del cálculo del impuesto es la misma que se aplicó en todos los años anteriores y que siempre fue consentida por las entidades y los productores”. Asimismo, el ministro de Economía, Diego Valiero, remarcó que el gobierno ratificó “técnicamente y con sustento” la aplicación del criterio de esta zona que es la que se viene utilizando en forma uniforme desde hace años.

En la misma línea, expresó que “el gobierno no cambió el criterio, de ninguna manera, sino que se continúa de la misma forma”. Por otro lado, se recordó la vigencia del vencimiento del impuesto y se destacó el creciente cumplimiento de los contribuyentes habiendo pagado ya más del 60 por ciento de los productores.

Ministros, funcionarios y técnicos del gobierno provincial proporcionaron toda la información requerida por la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú donde se sustancia el reclamo de la Sociedad Rural de esa ciudad en torno al Impuesto Inmobiliario Rural.

La audiencia judicial tuvo como objetivo convocar a las partes, el gobierno y la Sociedad Rural de Gualeguaychú, para recabar mayor información y ampliar en forma personal la documental presentada por autoridades gubernamentales ante esta Cámara que deberá resolver la queja interpuesta por los ruralistas que se resisten al pago del impuesto.

El Tribunal, integrado por Ana Clara Pauletti como presidenta y José Arakaki y Valeria Barbiero, ambos subrogantes, escuchó las exposiciones de las partes para resolver sobre el recurso de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, basado en la solicitud de información sobre el cálculo del avalúo fiscal y en el cuestionamiento al método utilizado para concretarlo.

El primer punto quedó dirimido con la información documental brindada por el gobierno, lo que fue de satisfacción de los reclamantes, por lo cual la audiencia continuó en base a las explicaciones sobre el cálculo.

Además de Casaretto y Valiero, expuso el ministro de Producción, Roberto Schunk. También brindaron explicaciones el director de Información Agroalimentaria del Ministerio de Producción, José Manuel Pérez, y el coordinador de esa cartera, Leandro Rodríguez, quienes concurrieron junto al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

En este contexto, Casaretto remarcó la respuesta que en general ha tenido el pago del tributo ya que actualmente abonaron más del 60 por ciento de los productores. Por ello, consideró que “eso demuestra la razonabilidad de todo lo actuado por el gobierno provincial”.

Por último, Valiero manifestó que los funcionarios del gobierno provincial respondieron “en forma acabada y en grado de detalle a cada uno de los puntos en cuestión, dejando sentada la posición, sobre todo en el tema principal que es la determinación de la zona marginal número tres”.

"Quedó demostrada la justicia del reclamo ante las exorbitantes subas en el inmobiliario rural"Así lo indicó Luis Miguel Etchevehere, vicepresidente de la Sociedad Rural, al salir de la audiencia conjunta entre el campo y el gobierno entrerriano.

"Hoy quedó demostrada la justicia del reclamo del campo porque los funcionarios del gobierno de la provincia de Entre Ríos admitieron que tomaron para el cálculo del impuesto inmobiliario rural una base que no respeta lo estipulado por la Ley vigente".

Más adelante, Etchevehere lamentó las palabras del director ejecutivo de la Agencia Territorial de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, quien dirigiéndose al tribunal durante la audiencia, afirmó que si la justicia llegaba a fallar en contra de la provincia, el Poder Ejecutivo tenía herramientas para mantener el mismo monto del impuesto inmobiliario rural.

“A través de sus palabras, quedó brutalmente expuesto el único afán que tiene el gobierno de la provincia de Entre Ríos: recaudar sin respetar el principio de equidad en materia tributaria, los fallos de la justicia y la necesidad de establecer una política agropecuaria de largo plazo que permita el desarrollo de todos los pueblos del interior”.

La audiencia fue convocada por el reclamo de los productores entrerrianos que busca poner freno al aumento del impuesto Inmobiliario Rural, que registra subas de más del 700%.

Desde el campo, se presentó una "acción de clase" que es una acción colectiva avalada por la Constitución provincial. Además, se exigió el acceso a la información pública para conocer de qué modo se hizo el cálculo para establecer el valor actual del impuesto. Es que, en vez de tomar los cinco últimos años del kilo de novillo gordo para el cálculo del impuesto, tal como lo establece la Ley, sólo se promedió el valor del último año, dando lugar a aumentos de más del 700% en el tributo pues en los últimos cinco años el novillo gordo promediaba los $ 5,30 el kilo, mientras que el valor que se habría utilizado para el cálculo alcanzaría los $ 8,60.

Infocampo - Análisis Digital