Cualquiera que recorra Santa Fe sabe que la red de caminos está en estado deplorable y que unas de las prioridades del sector rural es que se emprendan urgentes reparaciones. Con estos mismos argumentos, el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, presentó un proyecto que desde lo conceptual merecería el apoyo de todos los productores. Pero el repudio fue generalizado, porque al legislador no se le ocurrió mejor idea que establecer que la mitad de los costos necesarios para hacer esos arreglos correría por cuenta… de los propios productores.

En las últimas horas, las entidades agropecuarias de la provincia de Santa Fe salieron a manifestar su opinión ante ese proyecto. La reacción fue algo tardía, ciertamente, porque el proyecto de Calvo recibió media sanción del Senado provincial el 10 de septiembre pasado. Quizás el peligro de que la cámara baja también vote a favor de esta iniciativa despabiló a los dirigentes rurales.

Lo cierto es que tanto CARSFE (la confederación de rurales santafesinas, adherida a CRA) como Federación Agraria desaconsejaron a sus autoridades legislativas avanzar con el proyecto, pomposamente denominado “Programa Provincial de Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas Ubicadas en Zonas Rurales”. En criollo, que haya caminos transitables para entrer y salir de los campos.

El proyecto que recibió la media sanción en el Senado provincial tiene objetivos más bien loables, porque dispone trabajar en pos de “una mejora en la infraestructura vial de calzada natural provincial, comunal o municipal, por medio de la cual se asegura el acceso en forma permanente a las unidades productivas de zonas rurales”. La autoridad de aplicación sería la Dirección Provincial de Vialidad, que debería aportar el 40% del dinero necesario, creando un fondo especial a partir del presupuesto provincial.

El problema está con el 50% restante, ya que Calvo propuso que por un lado los municipios y comunas que ingresen al Programa se harán cargo del 10%, aunque “pudiendo computar dentro de ese porcentaje la utilización de sus maquinarias y las horas hombres del personal de planta aplicado a los trabajos del Programa”. Es decir, poniendo laburo pero ni un morlaco.

En tanto, los propietarios, consorcios, asociaciones u otra forma jurídica constituidas por productores frentistas de los caminos incluidos en el Programa deberían poner taca-taca el 50% de los recursos que faltan. Eso sí, Calvo propuso que el estado facilite el acceso a créditos para poder hacerlo.

Frente al avance de este proyecto, los ruralistas de CARSFE pusieron el grito en el cielo. En un comunicado, y luego de recordar que existe “una evidente incapacidad de los distintos estamentos del Estado para mantener en condiciones de transitabilidad el extenso entramado de nuestros caminos rurales”, recordaron que detrás del “título rimbombante y con objetivos nobles” de la iniciativa se esconde “un mecanismo de financiamiento cuestionable”.

“La red terciaria es responsabilidad de los Municipios y Comunas, y para su mantenimiento perciben la mayoría de ellas una tasa rural. La red secundaria es órbita provincial (a tales fines existe la Dirección Provincial de Vialidad) y la Provincia percibe impuestos a tales fines”, remarcó CARFE, dando a entender que al avanzar con esta iniciativa se crearía una doble imposición: el estado cobraría dos veces por la misma tarea.

El mismo razonamiento surgió de las filas de la Federación Agraria Argentina (FAA). “En primera instancia, ya hacemos un aporte a las comunas para este fin. Por lo cual, el tributo que se propone carecería de sustento legal”, indicaron en su propio comunicado. También recordaron que este proyecto nunca fue debatido con las entidades de la producción.

“Por ello, antes de que el proyecto sea tratado por la Cámara de Diputados santafesina, entendemos que los legisladores deberían convocar a las entidades agropecuarias para conocer la opinión de los productores. No obstante, habiendo nuevas autoridades electas a nivel Ejecutivo en la provincia y recambio en diciembre, no parece ser el momento adecuado para tomar decisiones en materia tributaria en Santa Fe”, razonó el comunicado de FAA.