Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) “celebra” la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de sancionar una ley que incorpore la figura de “vandalismo rural” al Código Penal.

“Celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados en llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos”, expresó CRA en un comunicado.

De acuerdo con la entidad, el año pasado se reportaron más de 130 ataques a silobolsas, que equivalen a unas 5.700 toneladas de granos dañados.

A eso, según CRA, deben sumarse “incontables daños a la producción rural a través de robo de maquinaria, incendios intencionales, robo de cosecha, robo de agroquímicos, entre otros”.

“Estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, porque la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país, más aún en este particular contexto de recesión económica”, recordó la entidad.

Y continuó: “Se está atentando contra la propiedad privada, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como en el público”.

CRA también remarcó que, aunque ciertos delitos no estén tipificados en el Código Penal, no pueden ser pasibles de ningún tipo de sanción.

“Por ello, dados los cambios acaecidos en la forma de estos delitos, resulta imperioso que nos aboquemos a hacer las modificaciones que sean necesarias para brindar a la justicia las herramientas para responder adecuadamente y resguardar la seguridad”, enfatizó.

Desde CRA detallaron en este contexto que la modificación al Código Penal propone que los delitos de incendio y/o destrucción de cereales en parva, gavillas o bolsas, silobolsas, tolvas y/o diferentes sitios y/o unidades de almacenamiento de granos; o de los mismos todavía no cosechados y toda clase de reserva de granos y/o forrajes; sean penados como delitos contra la seguridad pública.

De esta manera, serían no excarcelables, con una pena mínima de tres años y un máximo de diez, conforme al estrago sufrido y pergeñado en establecimientos rurales.

“Una sociedad jamás puede crecer sino distingue a los hombres de bien de los delincuentes y a estos, los condena, conforme el daño que generan”, concluyó CRA.