Rechazan un proyecto de ley con media sanción del Senado provincial. Y aseguran que será más gravoso.

Desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos denunciaron que la creación de un Registro Único de Propietarios y Productores Agrícolas de Entre Ríos (RUPAER) es “un grave avance sobre los derechos de los productores agropecuarios”.

El proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores de Entre Ríos afectaría a “propietarios, arrendatarios, contratistas, aparceros, usufructuarios o quienes exploten, por cuenta propia o de terceros, tierras cultivables en el territorio provincial″, tal como lo establece el artículo 34° de la ley 9816, sostienen desde la entidad que conduce Flavio Izaguirre.

Los ruralista aseguraron que “el Poder Ejecutivo Provincial quedaría facultado para tomar decisiones inéditas en la producción rural, auditando -por ejemplo- categorías de productores, diversidad y rotación de cultivos o el uso de fertilizantes mediante la aplicación de multas”.

Desde la Farer señalaron como otro “grave aspecto”, el hecho de que “esta ley se transformará en un nuevo derecho de exportación para los productores entrerrianos” a partir de la aplicación de un “Derecho de Uso de Tierras Cultivables”, destinado al cultivo de cereales, oleaginosas y/o forrajeras para la obtención de granos.

Según se explicó lo que establece la iniciativa, implica que “el Ejecutivo a través de sus órganos de control podría aplicar una alícuota de hasta el seis por ciento sobre el valor total de los granos obtenidos por el uso de tierras cultivables de Entre Ríos”, una alícuota que “en ningún caso” sería inferior al 3 por ciento. Un gravamen que se suma “al reciente aumento del Impuesto Inmobiliario Rural”, remarcaron desde la entidad.

De aplicarse esta medida, “el valor de los granos será determinado sobre la base del precio FAS teórico oficial publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación”, sostiene el ruralismo entrerriano.

Eso también resultaría “perjudicial como consecuencia de las trabas comerciales que persisten sobre el sector”, agregan y brindan el siguiente ejemplo: en trigo y maíz, al no recibir el precio lleno por su cereal “el productor abonaría una alícuota basada en un precio oficial mientras recibe un valor real menor por sus granos”.

“La intermediación de las entidades gremiales y profesionales técnicos del agro logró que esta ley no siga su curso legislativo. Desde FARER expresamos la necesidad de que la Cámara de Diputados actúe con sensatez y deje sin tratamiento esta ley”, concluyeron los ruralistas en un comunicado.

Fuente: El Enfiteuta