Las autoridades de la Federación de Contratistas de Maquinaria Agrícola con sede en Casilda, enviaron recientemente una nota a Débora Giorgi, responsable del Ministerio de Producción de la Nación, en la que expresan la intención de aportar ideas para superar la crisis en la que se encuentra el sector agropecuario, producto de la relación con el Gobierno, el clima y los precios internacionales.

Y de acuerdo a los hombres de Casilda, la solución tiene su inicio en la vuelta al objetivo de 100 millones de toneladas, que es el piso para el que está preparado el sistema productivo de nuestro país. Someterse a una producción menor, afirman, es desperdiciar recursos que se traducen en ingresos para el país, su gobierno y sus ciudadanos.

A días de la siembra de trigo, ésta puede transformarse en el puntapié inicial para poner en marcha el engranaje productivo, promoviendo su implantación con una rebaja de su retención de 13 puntos y fijando un precio sostén, de acuerdo a los costos reales, en torno a los US$ 160 la tonelada sostienen desde Casilda.

Ello generará un marco positivo para productores y contratistas, con vuelco hacia este cereal en tanto el clima lo permita. Se apuntaría a los 7 u 8 millones de hectáreas para la próxima campaña, con expectativas para el futuro inmediato y tendencia clara hacia el asumir el riesgo y la inversión productivos, sabiendo que en diciembre habrá una cosecha fina para levantar.

Las derivaciones positivas en los distintos actores de la economía en su conjunto no se harían esperar. De lo contrario, sólo quedará esperar austeramente hasta fines de la cosecha gruesa próxima, a mediados del 2010, y guardar cualquier remanente para sobrevivir todo un año con la incertidumbre lógica de la situación, lo cual traerá consecuencias desafortunadas para los sectores que componen la cadena productiva y quienes dependen de ellos.

El otro cultivo clave es maíz, para el cual se propone una estrategia similar con, incentivos a su siembra con el objetivo de lograr 25 millones de toneladas en condiciones climáticas normales. Las condiciones de comercialización definidas ya en julio, incluyendo algún subsidio y/o crédito blando para las inversiones en tecnología e insumos productivos.

Ya se sabe que con el maíz, explican los contratistas, todo valor se multiplica por sus rindes: siembra, pulverización, semillas, agroquímicos, cosechas, transportes, aunque su producción resulta costosa y por ello, afirman desde Casilda, es conveniente ayudar al agricultor con certezas de futuro a fin de tener los números claros al igual que ocurre en girasol y sorgo.

Con esos incentivos, el traspaso de superficie desde soja a otros cultivos, se hará naturalmente sin necesidad de otra política o acción de persuasión.

Y por último, dos puntos fundamentales señalados en la nota son, en primer término, la necesidad de instaurar un seguro nacional obligatorio que cubra granizo, sequía e inundaciones, que sirva como mínimo para salvar los gastos de siembra e implantación. Un seguro multiriesgo, federal, solidario, financiado por todos los que producen granos para abaratar su costo y con la intervención de la Superintendencia de Seguros de Nación. Esto dará además un marco de seguridad de pago de los créditos por retiro de semillas, insumos, servicios, préstamos bancarios de productores y contratistas.

En segundo lugar, analizar el esfuerzo por parte de un empleador en nuestro país al contratar mano de obra, debido a lo elevado de sus contribuciones patronales, especialmente en épocas de emergencia, atentando contra la posibilidad de mantener trabajadores en sus empleos. Por ello se propone utilizar los saldos técnicos de IVA por diferencia de alícuota (compras al 21%, ventas al 10,5%) acumulados y en poder de AFIP y sin miras de evolución alguna a corto plazo, para aplicarlas parcialmente al pago de leyes sociales.

Nuestra presentación tiene la base de lo genuino, de la realidad que estamos viendo y que nos obliga a pensar en positivo para encontrar una salida adecuada a las posibilidades que tenemos, que no son pocas, afirma en sus párrafos finales la nota que lleva la firma de Jorge Scoppa, presidente de FACMA.