El Gobierno de la provincia solicitará el desalojo de todos los lotes que han sido ocupados por particulares en las islas fiscales del departamento Victoira y de Gualeguay.

La Secretaría de la Producción tiene un informe que da una real dimensión del tema: el Estado provincial es dueño de 190 mil hectáreas en el delta, entre ellos, Diamante (1.200), Victoria (132.000), Gualeguay (45.000), Islas (7.500), La Paz (1.800), Paraná (1.000) y Uruguay (1.500), pero una gran parte de esas tierras han sido apropiadas por particulares.

Una evaluación que se hizo desde la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción da cuenta que en el departamento Victoria, de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, 50.507 están en manos privadas; y en el departamento Gualeguay, de las 45 mil hectáreas particulares han parcelado 58.500 hectáreas, de lo que se deduce que un mismo predio es disputado por más de una persona.

Sin ocupar

El Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, el escribano mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, y referentes de la División de Prevención de Delitos Rurales realizaron un vuelo por el delta comprobando que ninguno de los lotes estaba ocupado.

El gobierno pedirá en los próximos días el desalojo de todos los lotes en cuestión. Además motorizará acciones en la Justicia que lleven al rechazo de todos los juicios iniciados por particulares con la pretensión de legalizar esas posesiones de tierras que pertenecen al Estado provincial.

Los funcionarios que sobrevolaron las islas –hecho que se registró con 250 fotos que certifican la falta de ocupación de los lotes, y dos horas y media de filmación en video– elaborarán ahora un extenso informe que tienen previsto presentar al gobernador Sergio Urribarri. Pero también ante la Justicia, la idea es que se informe al procurador general, Amílcar García, para que ponga en conocimiento a los fiscales de los juzgados de Victoria y Gualeguay donde se tramitan demandas contra el Estado por parte de privados que procuran apropiarse de tierras fiscales.

También se buscará que se instruya a la Policía para instrumentar “un plan a largo plazo” que permita monitorear la zona y evitar “nuevas ocupaciones”, según detalló una alta fuente a El Diario. “El mensaje que queremos dar es que quien de ahora en más pretenda ocupar tierras fiscales, se va a enfrentar a una denuncia penal por usurpación”, publicó el matutino.

En ese terreno, se instruirá al abogado Julio Federik, contratado especialmente por la Fiscalía de Estado para tramitar las causas relacionadas con las islas del Delta, para llevar las denuncias ante los tribunales, apuntó.

Marcha atrás

En lo inmediato, además, se espera una decisión oficial que suponga una vuelta atrás en los arrendamientos de lotes en el Delta.

La Ley Nº 9.603, sancionada por la Legislatura el 21 de diciembre de 2004, puso bajo el sistema de arrendamiento “a todas las islas fiscales de la provincia de Entre Ríos, fracciones o lotes de las mismas y anegadizos”, y los predios entregados bajo esa modalidad. El artículo 4º de la norma establece que “deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos, quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas”.

La mayoría se dedicó a la ganadería, y se estima que allí pastoreaban al menos 160 mil cabezas. Se debe reconocer que la adjudicación de lotes representó una complicación, ya que algunos que se licitaron como propiedad del Estado estaban ocupados por particulares en el marco del juicio por usucapión.

En definitiva, la idea de la actual gestión es dar por concluidos los permisos de ocupación, dejar sin efecto los contratos de arrendamiento conflictivos y optimizar los mecanismos de control por parte de la Policía para evitar que sean intrusados.