Los dirigentes del campo se preparan para una larga puja judicial contra las retenciones a las exportaciones de granos, que podría durar varios años. En este contexto, esta semana las principales entidades del sector comenzarán a analizar cómo y cuándo harán los primeros planteos en los tribunales.
A la decisión adelantada hace unos días por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA) de avanzar por la vía judicial, se sumaría ahora la Sociedad Rural Argentina (SRA). Coninagro, que tradicionalmente se ha llevado mejor con la administración Kirchner, tampoco descarta avanzar por esta vía.
Ahora, las entidades están definiendo la letra chica de los argumentos que llevarán a los jueces del fuero Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, a pesar de la coincidencia en recurrir a la Justicia, cada una hará su propio camino.
Una medida temporal
Las retenciones se crearon y modificaron mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), cuya base legal es un artículo del Código Aduanero, que delega en el Poder Ejecutivo la capacidad de fijar impuestos para regular la balanza comercial. "Pero el código dice que esas medidas deben ser temporales y para regular el tráfico, no para recaudar más. La Constitución prohíbe el uso de los DNU en materia tributaria", explicó Tomás Wilson Rae, abogado la SRA.
Para el letrado, no está claro si las retenciones son técnicamente un impuesto, una tasa o una contribución. "Si suponemos que es un impuesto, debería cumplir con las condiciones legales de ese tipo de tributo. Y ningún impuesto puede ser creado por decreto", agregó Wilson Rae.
En estos dos criterios podría basarse la Rural, que analizará su postura esta semana. "Está claro que las retenciones son totalmente confiscatorias y claramente discriminatorias sobre el agro, en general, y sobre la agricultura, en particular. Si se quiere hacer redistribución de ingresos, para eso está el impuesto a las ganancias, que además es coparticipable", dijo Guillermo MacLoughlin, asesor de la Rural.
CRA, que delegó la elaboración del planteo judicial en la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), insistiría en que las retenciones "son confiscatorias".
Por otro lado, para Miguel Giraudo, gerente general y asesor letrado de Coninagro "no es viable hacer un planteo de confiscatoriedad de manera colectiva, como institución, pero cada productor puede hacerlo individualmente y no descartamos impulsar que lo hagan". Y agregó: "Por eso, paralelamente, estamos viendo otras aristas del tema".
Desde su vereda, la Federación Agraria defiende la postura de que las retenciones discriminan a los productores pequeños. Para Juan Manuel Alvarez Echagüe, uno de los abogados de esa entidad, "está claro que el impuesto no respeta el principio de igualdad en materia tributaria".
De acuerdo con lo expresado por Alvarez Echagüe, "debe tratarse en igualdad de condiciones a aquellos que tienen igual capacidad contributiva, siendo equitativo y necesario, para lograr una real igualdad, establecer categorías de contribuyentes que paguen de manera progresiva [y no simplemente proporcional]conforme su capacidad económica".
En cambio, es probable que los productores no presenten tantos recursos de amparo, como se especuló inmediatamente después de la suba de las retenciones.
"Los amparos en el ámbito tributario anduvieron bastante mal. En cambio, las acciones declarativas tienen que proceder sobre la incertidumbre, es decir, aclarar si las retenciones son constitucionales y si no violan derechos", explicó Wilson Rae.
Mientras esa declaración de certeza se produce, las entidades podrían pedir a los jueces medidas cautelares para que "se abstengan de cobrar los derechos de exportación hasta tanto se resuelva la cuestión", según indicó el abogado.
Alvarez Echagüe, como sus colegas de las demás entidades, descarta que "los jueces realizarán un análisis objetivo de la situación y terminarán concluyendo en la ilegitimidad de las retenciones tal como se aplican actualmente".
Fuente: José Crettaz - La Nación
