Tanto el mandatario mendocino, Celso Jaque, como su par de San Juan, José Luis Gioja, dejaron trascender sus "signos de preocupación" por los precios que algunas bodegas están pagando por la uva y por los vinos, por debajo de los $ 0,85 para el blanco escurrido y de $ 1 para los tintos, por lo que adelantaron que funcionarios de ambas provincias estudian en forma conjunta y por separado medidas alternativas "contra la especulación".

En ese terreno no dejan de considerar una posible demora en la liberación de vinos más allá del uno de junio y hasta el regreso a posibles bloqueos (establecimiento de cupos de vinos que transitoriamente no pueden salir a la venta) o prorrateos (distribución de la salida de los vinos). Ambas decisiones ya fueron aplicadas en la vitivinicultura argentina en épocas de fuertes excedentes vínicos de caldos comunes con la finalidad de evitar el desplome de los precios.

Por su parte, un documento elaborado por Carta Abierta, el grupo de intelectuales identificado con el proyecto del gobierno nacional, se pronunció en Mendoza a favor de que el Estado provincial "recupere la idea de establecer un mecanismo de regulación y control del proceso vitivinícola como antiguamente ejercía desde la ex bodega Giol".

Pero en el INV se destaca que ninguna de estas medidas se puede adoptar en este momento "porque primero hay que ver cómo termina la cosecha y cuánto mosto se elabora" (hacia principios de abril). Desde las principales bodegas se destaca que el escenario actual de exportaciones muestra dificultades en la venta de vino a granel a Rusia, aunque se mantienen los niveles de exportación de vino embotellado. Voceros de cooperativas vitivinícolas hablan de "un 20% de merma" en la cosecha de este año.