Dos expresiones del extenso discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Parque Norte fueron claves para despertar cierto optimismo en los dirigentes más dialoguistas del campo: "Por favor" y "las puertas de Casa de Gobierno están abiertas". Sin embargo, la decisión de iniciar una negociación con el Gobierno se tomará hoy en las provincias en cientos de asambleas de productores, agremiados y no agremiados a las entidades que lideran la protesta (de lo que se informa en las páginas 7 y 9). En la mayoría de esas localidades el ánimo no era precisamente conciliador.
Tras el discurso presidencial, la inédita unidad de Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro -las cuatro gremiales del sector- entró en riesgo. Cada una tiene intereses propios, capacidades de movilización diferentes y distintas habilidades políticas.
Por eso, las negociaciones telefónicas del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con los presidentes de las entidades eran febriles y los resultados, dispares. Paradójicamente para la lectura del Gobierno, la Sociedad Rural fue la entidad que más predisposición mostró para sentarse a conversar. Minutos después de las palabras de la primera mandataria, Hugo Luis Biolcati -vicepresidente de la SRA- fue el primer ruralista en destacar públicamente su llamado al diálogo.
En cambio, la Federación Agraria, entidad surgida en el Grito de Alcorta, una rebelión de arrendatarios ocurrida en 1912 muy elogiada ayer por la Presidenta, sigue firme en sus reclamos y no se va a reunir hasta que se le presenten planes concretos, con números y detalles. "Hay un cambio de tono y de actitud, pero no hay una definición. Cuesta traducir a medidas concretas los enunciados de la Presidenta. Los ministros tienen que asumir esa tarea en las próximas horas. Hasta tanto se produzca esa traducción, el paro es el que es porque la gente no recibió las respuestas que esperaba, y que era la vuelta atrás con las retenciones", dijo a LA NACION el líder de FAA, Eduardo Buzzi. El dirigente no abandonó la dureza que caracterizó a sus palabras en los últimos días: "La Federación Agraria no es gorila, no es golpista ni quiere otro 20 de diciembre de 2001. Pero tampoco vamos a ser funcionales a los 2600 tipos que manejan el 60 por ciento de la soja", dijo Buzzi.
A diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos días, anoche no se reunieron los cuatro presidentes. Lo habían hecho durante casi todo el día hasta un rato antes de que comenzara el acto en Parque Norte. En ese último encuentro cada uno mostró sus cartas y no sólo hubo diferencias entre las entidades. También las hubo dentro de las mismas gremiales. En la Rural, mientras su presidente, Luciano Miguens, se mostraba favorable a continuar con la protesta, Biolcatti impulsó hasta último momento una tregua de 24 o 48 horas para poder negociar.
La situación inversa se dio en Coninagro: el presidente, Fernando Gioino, apoyó fuertemente la idea de levantar el paro, pero su segundo, Carlos Garetto -representante de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), una de las más importantes exportadoras de granos del país- se enroló entre los duros. Biolcati y Gioino provienen del sector lechero, que en las últimas jornadas -ante la imposibilidad de almacenarla- se vio obligado a tirar leche, una imagen que ninguna sociedad está dispuesta a aceptar sin inmutarse.
En CRA, una gran coalición de 13 confederaciones regionales de asociaciones rurales, la situación también es compleja pero parece más definida. Las rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Córdoba y San Luis (Cartez) y Santa Fe (Carsfe), que llevan la voz cantante, comparten la posición de la FAA: sólo se negocia sobre propuestas concretas. El presidente de CRA, Mario Llambías, se recluyó en su casa "para descansar y reflexionar", según dijeron en la entidad.
Hasta ahora, en la jefatura de Gabinete sólo hablan de generalidades como "compensaciones y medidas complementarias" para pequeños y medianos productores. Así, sin mayores precisiones. Desde otras oficinas del Poder Ejecutivo reconocían anoche que la resolución 125 -que el 11 de marzo aumentó entre 7 y 9 puntos los derechos de exportación de granos e instauró un esquema de retenciones móviles y crecientes- tiene "graves errores técnicos" que ponen un precio máximo al valor de los granos. Aunque las fuentes no fueron precisas, esa podría ser a prenda de negociación.
Hoy, con los ánimos menos crispados, se volverán a reunir los cuatro líderes ruralistas para analizar los pasos por seguir. Simultáneamente les irán llegando las decisiones de las cientos de asambleas que se realizan en el interior. En el Gobierno esperan que los ruralistas también se puedan encontrar con Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, pero esa posibilidad era todavía lejana.
Fuente: José Crettaz - La Nación
