La historia de las retenciones al agro muestra un vertiginoso incremento de los gravámenes aplicados al sector, voracidad fiscal que el Gobierno usualmente justificó como medida antiinflacionaria, pero que en paralelo también jugó un papel central para equilibrar la caja del Tesoro.
De 2002 a la fecha, tres presidentes y cinco ministros de Economía fueron los protagonistas de esta historia, que llevó las retenciones a las exportaciones agropecuarias de 10% a 45% en promedio. Además, en estos últimos 7 años, por ese impuesto se recaudaron casi u$s 30.000 millones. En tren de comparaciones, la cifra representa más del total de la deuda que la Argentina aun mantiene en default (por cerca de u$s 20.000 millones en manos de los bonistas que no ingresaron al canje) y cinco veces lo adeudado al Club de París.
Tras la crisis de 2001, Eduardo Duhalde decidió imponer retenciones promedio de 10% a las ventas de granos al exterior. El entonces ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, aplicó las nuevas alícuotas, un tributo que había sido derogado por Carlos Menem en 1993.
Tan sólo unos meses después ante la necesidad de desacoplar los aumentos de los alimentos a nivel internacional y contener las crecientes presiones inflacionarias internas y ya con Roberto Lavagna al frente del Palacio de Hacienda, se optó por incrementar nuevamente las retenciones hasta niveles de 23%. Y así se mantuvieron durante más de cuatro años.
Recién a comienzos de 2007, la disparada de los commodities en los mercados mundiales arrinconó a Néstor Kirchner y lo llevó a decretar una nueva suba en los gravámenes hasta 27%, si se toma un precio medio de las alícuotas a la soja, maíz, trigo y girasol. Esta vez fue Felisa Miceli la encargada de comunicar la mala nueva a los hombres del campo.
Movida
La siguiente movida oficial en este sentido se produjo cuando restaban días para que Néstor traspasara el bastón presidencial a su esposa. Fue el 7 de noviembre de 2007. Se aumentaron las retenciones entre 5 y 8 puntos porcentuales, hasta el 32% promedio. El entonces ministro de Economía, Miguel Peirano, estimó que el incremento representarían u$s 1.500 millones adicionales al Tesoro a lo largo de un año.
La última jugada oficial se produjo hace poco. El recordado 11 de marzo pasado, que finalmente desató la crisis en la que aun hoy está enfrascado el Gobierno con los ruralistas. Aconsejada por Martín Lousteau, la presidenta Cristina Kirchner virtualmente pateó el tablero: lanzó un sistema de retenciones móviles, con una alícuota marginal que llegaba 95% al mismo tiempo, que incrementaba el tributo a las ventas del campo hasta niveles en torno a 45%.
Al menos en los papeles, le permitiría al Gobierno hacerse de más de u$s 10.000 millones sólo este año en concepto de ingresos totales por las retenciones. Por supuesto, esos planes no contemplaban la rebelión en el interior del país que finalmente, al menos entre marzo y junio, hizo menguar el nivel de actividad y las exportaciones agrarias.
Fuente: El Cronista