Diferentes sectores empresariales, sindicales y políticos marcaron su posición respecto a la decisión del Gobierno nacional de retomar el control sobre la Hidrovía Paraná-Paragua, con apoyos y rechazos a la iniciativa oficial.

El decreto 427/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial otorga a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la vía navegable por un año, aunque dicho plazo puede ser prorrogado.

Desde el sector agroindustrial habían advertido que "el Estado no debe realizar obras de mantenimiento ni de balizamiento porque no tiene los recursos económicos ni tecnológicos para hacerlo, menos aún frente a una bajante histórica del río Paraná, por lo que deben convocar de forma urgente a una licitación abierta y transparente donde la tarifa la cobre en forma directa el concesionario (en este caso Jan de Nul y Emepa)".

Para la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), "la expectativa es que el pliego de la concesión garantice el funcionamiento competitivo y eficiente del sistema. Sin interrupciones, los 365 días del año".

"Es trascendente, a nivel local, regional y geopolíticamente mejorar la competitividad de nuestro comercio exterior, repotenciando nuestras exportaciones e incrementando el valor agregado de nuestros productos en beneficio de las economías regionales y el desarrollo sustentable de la Nación", al mismo tiempo que marcó como "fundamental que las eventuales contrataciones se hagan en base de resultados exigidos".

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Daniel Nasini, dijo que la medida "genera preocupación, porque no da certidumbre ni lineamientos de largo plazo que aseguren la continuidad de la vía de navegación más importante que tiene el país".

En este sentido, marcó que "es imperioso garantizar la continuidad del servicio a corto plazo, especialmente dadas las circunstancias extraordinarias de la bajante histórica del Paraná. Para ello es indispensable que las obras sigan en manos de empresas especializadas en la materia, seleccionadas bajo un riguroso y transparente proceso de licitación".

"El Estado no tiene ni la experiencia ni la capacidad técnica para realizar estas tareas, pero sí ejercer sus funciones indelegables de control", concluyó Nasini.

A su turno, el secretario general del Centro de Patrones Marítimos, Fluviales y de Pesca de la República Argentina, Julio González Insfran, sostuvo que "el Estado siempre tuvo el control de la Hidrovía" y que en la actualidad lo que no queda claro es "con qué elementos se hará cargo de la misma".

"Lo más probable es que AGP se encargue de cobrar el peaje y con es recaudación le pague los servicios de la empresa contratista que está operando ahora. Esa va a ser la estatización de la Hidrovía, porque el Estado no tiene dragas, ni equipamiento suficiente como para hacer el trabajo. Es bastante confuso", sostuvo González Insfran.

Por su parte, la diputada nacional Fernanda Vallejos, una de las referentes del Grupo 25 de Mayo, subrayó que “la decisión de nuestro gobierno vuelve a colocar al Estado al frente de la gestión sobre el Río Paraná. Es un acto de restauración de la soberanía nacional, inmensamente dañada durante las etapas neoliberales de nuestra historia”.

En ese marco, la legisladora ponderó “las implicancias, también estratégicas, en relación con la integración y la planificación territorial y del modelo de desarrollo que queremos para la Argentina”.

Qué dice el decreto

Este le otorga a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

Para ello, el mismo decreto incorpora como segundo párrafo del artículo 5° del Estatuto Administración General de Puertos, que el organismo "también podrá asumir la concesión de obras y la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros".

Además, precisa que la AGP deberá incorporar "al personal que, a la fecha de finalización de la actual concesión, se desempeñare prestando servicios para la misma".

Una licitación para el mantenimeinto

Por su parte, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, afirmó que ahora se inicia el proceso para el llamado a licitación para "sostener esta red troncal tan vital para la economía de nuestro país".

"Tenemos que empezar a diferenciar algunas cosas dentro de lo que es la Hidrovía", aclaró Guerrera a radio Diez, al tiempo que advirtió que "es un conjunto de situaciones que, por ahí, en el debate, se entremezclan".

En ese sentido, precisó que "lo que le corresponde al Ministerio de Transporte y en este caso a la AGP, es el mantenimiento de la obra civil".

"Cuando se habla de contrabando, de falta de control y demás, en realidad son situaciones que suceden en la Hidrovía y que tienen en el Estado sus organismos de control, que están con la actual concesión y van a estar con las futuras concesiones", indicó el ministro.

Remarcó que "esta licitación que está tan discutida, en realidad lo que sí va a abordar con mucha fortaleza, dentro de un año y pico, cuando se termine esta concesión a la que arribamos por la licitación corta, es un Ente de control con una activa y fuerte participación de las provincias que tienen vinculación con el río".

"Pero tenemos que separar algunas cuestiones cuando hablamos puntualmente sobre qué es lo que se licita en esta primera instancia", subrayó Guerrera, quien señaló que lo que viene es "elaborar un pliego de condiciones generales, específicas y técnicas para salir con una licitación que va a durar entre doce y quince años, y que va a contemplar justamente todos aquellos aspectos, como por ejemplo la creación del Ente, que lo preveía la licitación vigente, pero que nunca se aplicó".

El decreto fijó condiciones para la prestación del servicio por parte de la AGP, como un plazo de duración de 12 meses, prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación, y el establecimiento de la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento de la misma por tarifa o peaje que percibirá la Administración.

Además, la AGP deberá determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que se prestan en los mismos.

Del mismo modo, habrá que establecer el procedimiento para la eventual revisión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago.

Asimismo, el organismo que conduce José Beni tendrá que precisar el plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su ejecución, como también los niveles de calidad o estándares para la adecuada prestación de los servicios conexos involucrados.

Los antecedentes

En 1995 las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná quedaron en manos del consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa; concesión que venció el 30 de abril último y se estableció una prórroga de 90 días para iniciar un proceso para definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal.

La cuestión de la principal vía fluvial del país fue abordada por el Gobierno desde el inicio de la gestión, aunque como consecuencia de la irrupción de la pandemia de coronavirus en marzo del año pasado, recién a comienzos de éste se conformó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía, a cargo de Pablo Barbieri.

También se constituyó el Consejo Federal de Hidrovía, cuya primera reunión fue a fines de febrero en Rosario, y donde confluyeron organismos nacionales, gobiernos provinciales, entidades gremiales empresarias y sindicales, y universidades.