Usuarios de la hidrovía Paraguay - Paraná nucleados en la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata solicitaron al gobierno argentino definiciones acerca de la gestión de la señalización y dragado del canal. Además volvieron a poner sobre la mesa la discusión del peaje que Argentina implementó en el tramo de Santa Fe a Confluencia.

La Comisión está conformada por usuarios de la vía navegablde de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, los cinco países signatarios del Acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra”.

En julio de 2021, por medio del decreto 427/2021, el entonces presidente Fernández procedió a otorgar a la Administración General de Puertos la gestión de la señalización y dragado de la Hidrovía Paraguay-Paraná por un plazo de doce meses, en el cual se debería avanzar en la confección de los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal de comunicación.

Pero transcurrieron tres años desde entonces y esa decisión que, si bien en principio iba a ser provisoria, sigue en curso sin noticias concretas sobre el proceso de licitación pendiente. Para los firmantes del comunicado, “la indefinición sobre una cuestión tan significativa incrementa la percepción del riesgo soberano presente en la Argentina, y pone en duda la oportunidad de limpiar la administración de los recursos hídricos de esquemas poco transparentes”.

Otra cuestión pendiente de resolución es el conflicto generado en el ámbito del Mercosur a partir de que en 2023 Argentina procediese a implementar de manera unilateral el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte internacional que circule por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia” de la Hidrovía.

Los usuarios del canal de comunicación, en el ámbito del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, manifestaron su voluntad de abonar un peaje con un costo acorde a un servicio efectivamente prestado por la Argentina en el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”, algo que, aseguran, “actualmente no ocurre”.

En el marco de ese proceso, los usuarios propusieron pagar hasta el 70% de los fondos presentados como costos por Argentina, siguiendo un mecanismo de pago a prueba de errores, sin que este pago signifique una aceptación de las obras realizadas como un servicio eficiente, sino como un acuerdo provisorio hasta que se determine un servicio a prestar con eficiencia y transparencia.