En la misiva, los dirigentes rurales pidieron a la mandataria que "evalúe el mínimo impacto económico que tendría promular la norma en cuestión" que será una "favorable señal política" de "cara al futuro".

También le solicitaron un "análisis" que sea "amplio, constructivo y equitativo".

La Presidente vetará la ley -aprobada por el Congreso la semana pasada- en forma "total", confirmó el jefe de Gabinete, Aníbal

Fernández, antes de asegurar que la norma es "un error".

Ofuscado por lo que se le filtró al oficialismo en ambas Cámaras, Fernández dijo que la ley "hace agua por todos lados" y aclaró que "en ninguna condición uno va a aceptar un proyecto de esas características".

La confirmación del veto dejó un amargo sabor en la Mesa de Enlace agropecuaria cuyos integrantes vienen reclamado la ley desde fines de 2008, cuando la sequía comenzó a hacer estragos en varias provincias del país.

Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural, dijo que el veto es "una afrenta" y Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, lo definió como "una agresión" de un Gobierno "monárquico", mientras que para Carlos Gartetto no hace más que "romper las expectativas".

Cuando promediaba la tarde, productores de 32 pueblos santafesinos resolvieron volver a cortar rutas a partir del 8 de septiembre, una forma de reclamo que causa molestia no sólo en el Gobierno sino también en varios sectores de la sociedad.

En medio de la tensión, el gobernador bonaerense Deniel Scioli sacó a su jefe de ministros, Alberto Pérez, a defender el veto, afirmando que se trata de una norma "impracticable y producto de un error técnico legislativo".

Ante las crecientes críticas de los ruralistas en el transcurso del día, el presidente de la Cámara baja nacional, Eduardo Fellner, salió a pedir "sensatez política y comprensión para la convivencia".

Pero el arco opositor, encabezado por los líderes de Unión-Pro no aceptó los argumentos oficiales para el veto y le metieron presión a Scioli para que se juegue por los productores.

Francisco De Narváez le advirtió al gobernador bonaerense y a 37 intendentes de la provincia que los productores agropecuarios se enfrentarán con ellos "en caso de que no reaccionen".

De Narváez, autor de la iniciativa que el Congreso convirtió en ley, fue acusado por el oficialismo de ambas Cámaras de haber roto códigos políticos al haber "filtrado" la eliminación de retenciones en el proyecto.

A días de haberse lanzado como candidato a presidente, Felipe Solá aseguró que "el Gobierno no tiene ninguna voluntad de solucionar el conflicto con el campo" y reconoció el error de los legisladores, quienes acusó de "no leer" lo que aprueban.

Así, cuando comenzaron a instalarse las posibles candidaturas opositoras para arrebatarle la presidencia al kirchnerismo en 2011, el conflicto entre el Gobierno y el campo se reavivó con fuerza y retomó un camino con destino incierto.