El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dio detalles de los recursos con que deberá contar la provincia para poner en marcha el control de la aplicación de plaguicidas, dispuesto por decreto 2239.

En ese sentido, consideró que decreto “está suficientemente fundado”, ya que para su elaboración se conformó “un expediente de más de 1.200 fojas que contiene trabajos de investigación, proporcionados por el INTA, Conicet, Salud Pública, Ambiente. Se recopiló mucha información y se tradujo esa información en un sistema de control de aplicaciones de plaguicidas tendiente a evitar el punto neurálgico de este tema, que es el contacto entre el producto a aplicar y la persona humana en el ámbito de las escuelas rurales”.

En cuanto a los recursos con que deberá contar el Estado para hacer cumplir la reglamentación, el fiscal señaló que "lo conformamos en función de la estructura existente. La parte central del decreto es la Unidad Centinela, la cual se constituirá en cada escuela rural y será dirigida por el director de ese establecimiento educativo. Se tiene que constituir cada vez que la escuela recibe la notificación de que va a haber una aplicación, la cual tiene que venir precedida de una receta agronómica emitida por un ingeniero agrónomo”, explicó.

Precisó que dicha Unidad Centinela “deberá contar con un ingeniero agrónomo y un representante de la Secretaría de Salud en el momento de la aplicación, los que controlarán que ésta se haga en las condiciones de viento, humedad y temperatura que las buenas prácticas fitosanitarias establecen, que el producto a aplicar sea el habilitado y dónde se va a realizar el cultivo”.

En relación al recurso humano que se requerirá para llevarlo a la práctica, apuntó que “el director de la escuela ya está, va a formar parte de la Unidad; lo que si tiene que garantizar la Secretaría de la Producción, y para eso tiene que contar con partidas presupuestarias, es con el ingeniero agrónomo que controle la aplicación en el momento que se va a hacer. Para eso contamos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que ha trabajado con nosotros codo a codo, y la Secretaría de Producción quedó habilitada por el Poder Ejecutivo para hacer convenios para que a través del cuerpo de Graduados, pueda colaborar con la tarea de control”.

También se contempla la puesta en funcionamiento de “un sistema de transmisión de datos on line, que ya se hace en la República Oriental del Uruguay (ROU); esto permitirá que la aplicación se transmita por internet en directo y que a todos los datos los pueda recibir la autoridad de aplicación en tiempo real”.

Para este modelo, dijo que se basó en mucha información del INTA, de las Escuelas Agrotécnicas y en la legislación de la ROU; también está en la Comunidad Económica Europea y en Santa Fe alguno productores la aplican, pero "la nuestra sería la primera en el país a partir de 2020 en lo que hace a esta transmisión de datos on line".

Respecto a los controles, señaló que uno de ellos será supervisar para que no haya aplicaciones clandestinas. "Lamentablemente no hay ningún sistema que garantice en un 100 por ciento que no haya, siempre hay un margen de que se pueda producir algún caso irregular. Pero si para algo han servido todos los fallos judiciales y esta acción del Foro Ecologista es para que nosotros nos esmeremos en analizar a fondo; no limitarnos al tema de las distancias, porque éstas no son garantía de nada. Por más distancia que uno ponga, si el viento supera los 30 kilómetros por hora no hay distancia que evite el contacto. Por lo que creo que había que ir a un sistema más complejo y es éste, aunque es perfectible".

"Si hay algo positivo es que nos obliga a estar al tanto en forma permanente y analizar cada caso. También es muy importante el rol de Salud y que la Dirección de Toxicología tenga un seguimiento especial de los casos de intoxicación con plaguicidas, tanto los de uso agronómico como los domésticos", acotó el fiscal de Estado.

Y agregó: "Hay que usar lo que tenemos disponible, coordinar acciones; la administración está muy acostumbrada a trabajar en compartimientos estancos. Nosotros, a partir de esta experiencia, lo que hicimos fue reunirlos a todos, Salud: Ambiente, Producción, INTA, organismos nacionales, provinciales, y nos pusimos atrás de la elaboración de un sistema”.

Finalmente, Rodríguez Signes advirtió que “no podemos salir a contratar 1.000 controladores, pero sí podemos utilizar muchos recursos que ya tenemos. Hay que trabajar, comprometerse, estar; extremar los esfuerzos para que todos nos pongamos a trabajar; incluso desde la educación, el propio autocontrol. No puede ser que un aplicador no cumpla con las regulaciones, realmente tiene que recibir una sanción severa, tanto penal como administrativa; y para eso la capacitación a la policía, que también está en este decreto, es fundamental”.