Los trabajos realizados por las empresas de seguros y proveedores de insumos y servicios permitieron que, en la última campaña, el 36 por ciento del área sembrada se encontrara cubierto con pólizas de granizo y sus adicionales.

El desafío para el sector, según trascendió, consiste en elevar el área cubierta al 60 por ciento como primera meta, a través, también de brindar el servicio a los pequeños productores y a quienes vuelcan sus esfuerzos en zonas de mayor riesgo y en todas las economías regionales.

“Para cumplir con estas metas se necesita una política de Estado: el sector privado no lo puede hacer sin apoyo”, indicó Arturo Navarro, consultor agropecuario y ex presidente de CRA y de Carbap.

Se trata de buscar “una política que atienda los riesgos climáticos y económicos de todos los productores en tiempo y forma”, sostuvo.

“Para poder cumplir con estos objetivos se debe contemplar una acción de la ley de emergencia agropecuaria con una política pública de seguros y un fondo para atender desastres y catástrofes de los bienes no asegurables”, advirtió el ex titular de CRA.

En la última campaña, el 36 por ciento del área sembrada fue cubierto con pólizas de granizo y sus adicionales.

Ese porcentaje cubre casi 11 millones de hectáreas sembradas.

Un estudio de Agrobit indicó que las pólizas se concentran en las zonas productoras de mayor relevancia de la Región Pampeana, y los seguros para actividades pecuarias son prácticamente inexistentes.

Sin embargo, Navarro opinó que gradualmente los productores agropecuarios “fueron tomando conciencia de la importancia que reviste trasladar el impacto de los riesgos climáticos y económicos sobre sus cultivos al sistema asegurador”.

En la Argentina, no existe un marco normativo de cobertura pública y privada que brinde al hombre de campo la posibilidad de recomponer su capacidad productiva ante emergencias climáticas.

“No hay que olvidar que nuestro país es uno de los de mayor riesgo en el mundo debido a su elevada variabilidad climática”, sostuvo.

Navarro propuso “replantear los mecanismos existentes tendiendo a crear un sistema de seguros climáticos apoyado en compañías solventes con dispositivos claros y confiables y que se comprometan formalmente con las políticas públicas establecidas”. El análisis del “riesgo agropecuario” ha sido tradicionalmente relacionado casi exclusivamente con el “riesgo climático”, entendido éste como “la ocurrencia de aquellos fenómenos climáticos y biológicos que afectan el rendimiento, la calidad y supervivencia del cultivo en forma verificable”.

Hay coincidencia en que las condiciones de cambio climático llaman a emprender una acción muy didáctica para cambiar la vocación aseguradora de los productores.

“Las metodologías deben inducir al uso del seguro sin ser obligatorio y que evite la autoselección tomando sólo seguros en zonas de riesgo porque va en contra del desarrollo de una política pública de seguro”, concluyó Navarro.

El sector agropecuario invierte y trabaja a la intemperie mientras que en los últimos tres años aportó al Estado, con impuestos a la exportación 15.000 millones de dólares.

El Diario de Paraná