En Agricultura la Cámara de Exportadores de Cereales negó indirectamente casos de evasión denunciados por la AFIP. Sin hablar de empresas, se explicó el funcionamiento del comercio internacional. El oficialismo trató a las visitas de “atorrantes” y a Bunge de “inmoral”.

Se sabía que en la reunión con los exportadores por los casos de evasión de granos el oficialismo no iba a mostrar una actitud pasiva. Una hora y media antes de que comenzara, el bloque oficialista se convocó a puertas cerradas para anudar la posición que se seguiría durante el encuentro.

Sucede que el oficialismo no quería presentar un discurso improvisado frente al sector económicamente más poderoso de la Argentina, que concentra un tercio de las exportaciones totales del país, con unos 17.000 millones de dólares entre granos y subproductos.

El presidente de la comisión, Ricardo Buryaile, explicó que la institución invitada, la CEC, desarrollaría una exposición encabezada por su presidente Alberto Rodríguez, con el respaldo técnico de los especialistas en materia impositiva.

Ya en la presentación el FpV fijó una posición que se adivinaba sería poco amigable. “Quiero aclarar que no se trata de una invitación común”, remarcó el diputado oficialista y vicepresidente de la comisión Rubén Sciutto. “Estamos ante una denuncia de la AFIP, y estamos muy preocupados por eso”, agregó.

La aclaración del diputado fueguino disparó un primer cruce con Buryaile, quien lanzó por el micrófono había sido a pedido de Sciutto que durante la visita de Ricardo Echegaray el bloque oficialista no aceptaría que se preguntara acerca de la situación personal del Recaudador por los pagos de compensaciones a feedlots. Así, desde el arranque la reunión comenzó en un registro subido de tono.

A la CEC se le otorgaron 40 minutos para exponer, que utilizó para explicar cómo era el funcionamiento en el comercio internacional de granos, y específicamente la figura del trader como sujeto indispensable para contactar oferta y demanda a nivel global. Al minuto 41 el oficialismo avisó que el tiempo se les había agotado.

Son los traders, se explicó, los que asumen todos los riesgos de financiamiento, flete, comerciales, por cambios políticos en origen y destino, la volatilidad de precios en el mercado internacional. En lugar de los exportadores en origen, en este caso las cerealeras y aceiteras.

Un ejemplo, dado fue el cierre temporal en las exportaciones de aceite de soja a China este año, donde se aseguró que ni la Argentina ni el exportador local sufrieron perjuicios. La zozobra la vivió en cambio el trader porque debió cumplir con el compromiso asumido de los volúmenes de de aceite pactados con el exportador, pero encontrando un destino alternativo.

Al promediar la explicación de los exportadores, algunos diputados de la oposición comenzaron a retirarse de la sala. “Nos están tomando el pelo”, explicó a El Enfiteuta el legislador federado Ulises Forte mientras llamaba el ascensor. “Yo no voy a convalidar lo que están diciendo quedándome”, añadió.

“Nos están tomando por boludos”, comentaban casi simultáneamente por lo bajo en la hilera de diputados del FpV que se salían de la vaina por arremeter con preguntas a los invitados. Alejandro Rossi intentó interrumpir para mechar una pregunta, pero se quedó con las ganas.

Mientras tanto uno de los técnicos de CEC explicaba que una mengua en el pago del impuesto a las ganancias por parte del sector se justificaba en el marco de la legalidad con los instrumentos previstos en la ley del impuesto a las ganancias, que avala la comercialización a través de traders en la Argentina desde 2003.

Abierto el intercambio con los legisladores la voz cantante del bloque oficialista, Carlos Cuto Moreno, agradeció “al señor que recitó la ley del impuesto a las ganancias” porque nos vamos con un mandato: “vamos a trabajar a futuro para modificar la ley” y favorecer algo más en el precio a los productores “con quienes hemos tenido diferencias secundarias”, dijo minimizando la pelea por la 125.

Antes el agrodiputado Juan Casañas se quejó de que la CEC había caracterizado a los traders “como un buen samaritano”. El tucumano objetó que “nos hablan de todos los riesgos que corre el trader, pero no de las ganancias que se lleva”.

Casañas también se quejó de los diferenciales de precios que paga la exportación respecto del FAS teórico y el FAS real, es decir entre el precio de referencia del Ministerio de Agricultura y el que verdaderamente paga la exportación, entre un 30 y un 40% por debajo para el caso del trigo y el maíz.

El presidente de la CEC justificó los diferenciales como distorsiones inevitables que se producen a partir del cierre de la exportación. Indirectamente responsabilizó a la intervención del Estado casi por no dejar alternativa al exportador de pagar mejores precios ante la incertidumbre que debe enfrentar, dado por el momento y precio de compra con el de la apertura de la exportación.

La pregunta sobre la que volvió una y otra vez el oficialismo fue por qué Bunge y Cargill no pagaron impuesto a las ganancias en sobre el ejercicio 2008 y 2009. Moreno calificó a las empresas de “atorrantes”, y aunque excluyó a la CEC, su presidente rechazó enfáticamente la definición porque esas empresas integran la Cámara.

La respuesta sobre la elusión fiscal denunciada por la AFIP cada vez se remitió a un tecnicismo en la ley del impuesto a las ganancias sumado a una menor actividad comercial fruto de una baja en la cosecha por la sequía. Algo que no satisfizo al oficialismo, y una parte de la oposición tampoco.

Para el santafesino Alejandro Rossi la exposición de los exportadores podría haberse obviado porque no se abundó en las explicación central motivo de la reunión, la evasión. “A ningún argentino de bien le puede caber que Bunge en dos ejercicios no haya pagado un peso por impuesto a las ganancias”, disparó el diputado, una situación que calificó además de “inmoral”.

Antes Rossi acusó a Buryaile de estar “mintiendo descaradamente” porque el formoseño intermedió para dejar en claro que los invitados iban a exponer e ilustrar a los legisladores sobre el funcionamiento en el comercio de granos. Cuando el oficialismo tenía otra expectativa.

Poco a poco fue subiendo el tenor en las intervenciones. El diputado Raúl Rivara desnudó -con el asentimiento de Alberto Rodríguez- que el 20 de septiembre unas 30 empresas exportadoras e reunieron en la AFIP con su titular, tres ministros de la nación y el presidente de la Oncca.

Allí el gobierno le pidió al sector un aporte extraordinario por impuesto a las ganancias en concepto de adelanto. Por la negativa del sector se sugirió que el titular de la AFIP desencadenó una persecución fiscal a las cerealeras por una evasión que hasta ese momento no rechinaba en las cuentas públicas.

Criticó también Rivara los diferenciales pagados por la exportación a los productores, y relacionó esa transferencia (que para el trigo de la próxima campaña estimó en 600 millones de dólares) de recursos con la actuación y composición actual de la Oncca.

Los exportadores definieron su negocio como de altos volúmenes, y márgenes bajos. Pero para Rivara la intervención en el mercado por parte del gobierno desde 2006 permitió que los exportadores tuvieran a partir de entonces altos márgenes, en algunos casos de hasta 50 dólares la tonelada, cuando históricamente se ubicaban en torno a los 0,75 o 1,5 dólares la tonelada.

Fuente: El Enfiteuta